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Chamizo pide que se reanude la asistencia jurídica a los presos

Interior informó en enero a la Junta que su intención era renovar el acuerdo

El defensor del Pueblo, José Chamizo. Ampliar foto
El defensor del Pueblo, José Chamizo.

El defensor del Pueblo, José Chamizo, pidió este miércoles la restitución inmediata de la atención jurídica a presos en las cárceles andaluzas, suspendida desde abril porque Instituciones Penitenciarias no ha firmado el permiso necesario para renovar este servicio. Chamizo recibió este miércoles de manos de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) más de mil firmas de internos en prisiones andaluzas para pedir que se vuelva a prestar el Servicio de Orientación y Asistencia Jurídica Penitenciaria (Soajp), que se ofrecía desde 1998 y que financia íntegramente la Junta.

El defensor se comprometió a contactar con el Ministerio del Interior y la Consejería de Justicia, las dos administraciones implicadas en este servicio y que se culpan mutuamente de la no renovación del convenio. Fue la Junta la que el pasado mes de abril dio orden al Consejo Andaluz de Colegios de Abogados de no seguir asistiendo a los presos. Según la Consejería de Justicia, en noviembre se envió a Interior la adenda necesaria para renovar el acuerdo entre la Junta y el Gobierno. Interior solo tenía que devolverla firmada, pero no lo ha hecho.

14 años de servicio

El servicio de orientación y asistencia jurídica a las personas privadas de libertad funcionaba desde 1998. En 2011 se prestaron 10.404 asistencias.

Entre 1998 y 2008 el servicio funcionaba con acuerdos bilaterales entre los colegios de abogados y las cárceles.

En abril de 2008 este sistema se cambió por un convenio tripartito entre el consejo Andaluz de Colegios de Abogados, el Ministerio del Interior y la consejería. En octubre de 2010 se aprobó la prórroga indefinida del acuerdo, pero hace falta una adenda que el Gobierno no ha remitido.

El secretario general de Justicia, Pedro Izquierdo, argumentó el pasado martes que el servicio se ha suspendido ante la falta de respaldo legal para prestarlo en 2012. Pero lo cierto es que ese documento que envió la Junta en noviembre era también el que debía que avalar la asistencia en 2011, por lo que todo el año pasado se ha prestado el servicio, presupuestado en 422.800 euros, sin que el convenio esté firmado.

Y no está muy claro que lo vaya a estar. De hecho, el secretario general para la Justicia dio por hecho esta semana que la suspensión del servicio iba a ser definitiva porque la renovación ha encallado en el Ministerio de Hacienda, que desde el año pasado tiene que dar el visto bueno a todos los convenios firmados entre administraciones que supongan un gasto económico.

Fuentes de la Consejería de Justicia explicaron este miércoles que la adenda que se envió en noviembre tiene carácter indefinido y además de respaldar los servicios prestados el año pasado debía garantizar su continuidad este ejercicio y los siguientes. “La Junta ha venido manteniendo el servicio desde la absoluta convicción de que el Ministerio iba a dar continuidad al mismo, como así había manifestado en reiteradas ocasiones”, señalaron estas fuentes. Interior, según la información aportada por Justicia, mandó un escrito a la consejería en enero de 2012 ofreciéndose a continuar con el convenio, si bien advirtió de que la renovación estaba pendiente del informe de Hacienda. “La Consejería, al demorarse en demasía el plazo para la firma de la adenda por parte del Ministerio del Interior, no puede seguir prestando ese servicio por más tiempo debido a la incertidumbre que provoca el retraso en la confirmación del Gobierno central”, advirtieron estas fuentes.

El coordinador del área de cárceles de APDHA Valentín Aguilar, abogó este miércoles por la vuelta al modelo de acuerdo bilateral que había hasta 2008. La asociación y el consejero de Justicia, Emilio Llera, se reunirán mañana para buscar una solución a este asunto.