La juez del ‘caso Polop’ se marcha con el sumario bajo secreto

El caso Polop continúa deparando sorpresas. La juez de La Vila Joiosa María Antonia Raedo, cuyo Juzgado de Instrucción número 2 estaba de guardia y asumió el caso la noche del 19 de octubre de 2007, cuando fue tiroteado a las puertas de su casa el exalcalde de la localidad, Alejandro Ponsoda, se marcha con una parte del sumario declarado secreto hasta el próximo 17 de junio. Una de las primeras decisiones de su sustituto será levantarlo o prorrogarlo un mes más. El destino de Raedo, que ha ascendido a magistrada y ejercía como juez decana en La Vila Joiosa, será un juzgado de violencia contra la mujer de Cerdanyola del Vallés.

También ha sido destinada a Cataluña, en concreto a Sant Feliú de Llobregat, la hasta ahora titular del Juzgado de Instrucción número 3 de La Vila, Teresa Ruano, que instruyó la pieza separada del caso Polop relativa a la supuesta corrupción urbanística como posible móvil del crimen. Una pieza  que finalmente quedó archivada porque los supuestos delitos cometidos por los tres imputados habrían prescrito a los cinco años de su comisión.

Este caso había ido languideciendo progresivamente por falta de pruebas, ya que la declaración de un testigo protegido que dio pie a la detención de siete personas en noviembre de 2009 no ha sido avalada por nadie más. Según esta versión, el testigo renunció a ejecutar el asesinato de Ponsoda en el verano de 2007 y habría sido él mismo quien en un reservado del club Mesalina de Benidorm, donde dijo que trabajaba de portero, ofreció los nombres de las tres personas que luego fueron acusados de la autoría material de los disparos. En la reunión, según esta versión, habrían estado el sucesor de Ponsoda en la alcaldía, Juan Cano, el dueño y el gerente del lupanar, un empresario del calzado de Polop y una pareja más no identificada y de la que nunca más se ha sabido.

Pero el pasado día 11 de mayo, la Policía emitió un informe referido a las memorias de varios teléfonos intervenidos en los registros practicados durante las detenciones de varios imputados hace dos años y medio, sobre el que Raedo decretó el secreto del sumario. Para evitar el acceso de los imputados a su contenido, Raedo decretó el secreto de estas actuaciones, que sigue vigente tras su marcha.