El PP mantiene su presión al Gobierno a cuenta de las inversiones en el territorio

De las bicicletas de alquiler a las obras del tren de alta velocidad, y del canon de capitalidad a la financiación del aeropuerto de Foronda y al pago de ayudas sociales. Si la semana pasada el alcalde de Vitoria, Javier Maroto, y el lehendakari, Patxi López, zanjaban la polémica por el pago del canon de capitalidad comprometido en los presupuestos vascos para Vitoria, ayer el diputado general de Álava abría una nueva brecha con el Ejecutivo autonómico, la enésima desde que se rompiera el pacto entre el PSE y el PP.

Javier de Andrés criticó que el Gobierno redujese en 2011 la aportación a VIA, la sociedad de promoción del aeropuerto de Foronda, en un 75% y que para este año la partida ha desaparecido. El diputado general pidió al Gobierno de Patxi López que aclare qué “recortes” va a impulsar en las inversiones de Álava, ya que, según indicó, también se han retirado las aportaciones a Bideburutxea, una residencia para personas con enfermedades mentales. Su equipo, aseguró, necesita saber qué cambios va a realizar López para adaptarse a la situación y realizar ajustes.

Prácticamente al mismo tiempo, la concejal de Asuntos Sociales de Vitoria, Ainhoa Domaica, denunciaba que los retrasos en el pago de ayudas sociales de Lanbide —que asumió la gestión de la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) en diciembre— han obligado a su departamento a adelantar 116.000 euros a las familias a las que se ha abocado a una “tragedia humanitaria”.

Estas encendidas declaraciones motivaron una reunión de “urgencia” en la que la consejera Gemma Zabaleta y Maroto acordaron verse la próxima semana e intercambiar datos para que “nadie quede desprotegido”.

Vitoria adelanta

En la nota enviada aseguran que para el próximo pago harán que “se cierren todos los casos que pudiera haber pendientes en Vitoria”. Según Domaica, de los 2.282 expedientes remitidos, solo se ha resuelto el 12%. Entre los pendientes, los más acuciantes, 183, han recibido ayudas del Ayuntamiento —de la partida de ayudas de emergencia social, que procede directamente del Gobierno vasco— que deberán devolver cuando reciban los primeros pagos de la RGI.

Las críticas de Vitoria se suman a las que realizó la semana pasada Cáritas sobre un “cuello de botella” en la gestión de las ayudas, pero algunas fuentes apuntan a que los retrasos están motivados por el hecho de que Vitoria no envió las solicitudes de diciembre de RGI con una propuesta de resolución y con la documentación verificada, como sí hicieron el resto.

Si por la mañana se lanzaban los dardos, por la tarde, tocó una sucesión de comunicados. El primero, el emitido por Vitoria y Lanbide sellando la paz, y el segundo, el de Transportes apelando a la cautela y la prudencia de De Andrés, con quien empiezan a ser habituales las disputas de la consejería de Iñaki Arriola.

A última hora de la tarde, el departamento emitía un comunicado ratificando su apoyo a Foronda demostrado “reiteradamente” con el ofrecimiento a colaborar en hasta el 50% de VIA, pero alertaba de que se han anunciado, en torno a las nuevas rutas que se están trabajando, “ayudas que pueden ser declaradas ilegales por las autoridades comunitarias de competencia si el apoyo prestado no se realiza respetando todas las exigencias legales”.

Asimismo, y al hilo de lo aprobado el lunes en las Juntas, Arriola pidió a De Andrés que interceda para que el Gobierno central no recorte el horario y el personal de Foronda, una decisión que se tomará este mes y que podría comprometer seriamente los planes para relanzar el aeropuerto.