El Ministerio del Interior estudia prohibir la prostitución en la vía pública

Prostituirse en la calle o en la carretera es, cada vez más, una práctica prohibida bajo pena de multa en España. Multitud de municipios de todo el Estado castigan la negociación de servicios sexuales en sus cascos urbanos. El ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, anunció este martes que también se suma a la guerra de la prostitución que se ve y estudia luchar contra ella través de “medidas de tipo administrativo y penal, en su caso”. El Gobierno pretende penalizar el comercio sexual en cualquier vía pública, ya sea una calle o una carretera, modificando el Código Penal, según fuentes del ministerio. La medida, sin embargo, está todavía en ciernes y no se ha materializado en una propuesta concreta, ni tiene fecha.

El ministro ha decidido seguir la estela de Cataluña para evitar ese “espectáculo lamentable y degradante” que suponen las mujeres vendiendo su cuerpo, según manifestó en declaraciones a los periodistas tras un desayuno en el Fórum Europa-Tribuna Catalunya. Los Mossos d’Esquadra empezarán esta semana a multar en las carreteras catalanas a aquellos que se coloquen en los arcenes para intercambiar dinero por sexo. El día en concreto es un misterio. El Departamento de Interior no quiere dar una fecha exacta para evitar un aluvión de medios sobre las chicas y los clientes en busca de la imagen de la primera sanción.

Para poder multarlas, el Gobierno de CiU, liderado por Artur Mas, ha modificado la Ley de Carreteras, aduciendo que la negociación de los servicios sexuales es un peligro para la seguridad del tráfico. Tanto clientes como prostitutas se enfrentan a sanciones de hasta 30.000 euros. El martes a primera hora, en la Nacional II, varias chicas seguían vendiendo su cuerpo al sol sin que ningún policía les llamase la atención.

Con la ley en la mano, la Generalitat solo puede tramitar las multas impuestas en las vías de su competencia a través del Servicio Catalán de Tráfico porque se trata de una atribución transferida. Pero el consejero de Interior, Felip Puig (CiU), avisó de que los mossos multarían en cualquier carretera. En una muestra más de la perfecta sintonía entre los dos responsables de Interior, Fernández Díaz comunicó que cursarán aquellas multas que la policía catalana imponga en las carreteras estatales, donde tampoco descarta cambiar el reglamento de circulación.

Puig ya pidió a Fernández Díaz que prohibiese la prostitución en la vía pública a través del Código Penal, algo que también ha sido escuchado. De establecerse una penalización a nivel estatal, eso supondría unificar los distintos criterios empleados por cada municipio para intentar acabar con la negociación sexual en la calle. En este sentido, la Generalitat es también pionera y está ultimando una ley del espacio público. Además de cuestiones como el uso del burka o la prohibición de manifestarse con el rostro oculto, también establecerá un marco común para todos los Ayuntamientos catalanes sobre la compra y venta de sexo en la calle.

La prostitución es un tema complejo de abordar, que en España existe en una especie de limbo legal. Su ejercicio no está prohibido, pero tampoco está regulado. No existe la profesión de prostituta, pero tampoco es un delito serlo. La policía persigue a los proxenetas a través del delito relativo a la prostitución y corrupción de menores y el de trata de seres humanos.

Pero la escasez de medidas para atajar el problema que supone la explotación de mujeres y hombres y la exhibición del comercio sexual en calles y carreteras a cualquier hora del día ha llevado a los Ayuntamientos a parchear el asunto a través de normas municipales de convivencia. Incluso la Federación Española de Municipios y Provincias creó una ordenanza tipo en 2009 en la que la sancionaba en determinados casos, por ejemplo, cerca de escuelas. Su efectividad, sin embargo, es muy cuestionable. Algunos Ayuntamientos, como La Jonquera (Girona) tiró la toalla al ver que no podía cobrar las multas y que las chicas seguían en su esquina.

“Es estigmatizar a las víctimas de la prostitución. Se debería multar solo al cliente, criminalizarle a él. Si se reduce la demanda, seguro que se reduce la oferta”, opina Pedro Brufau, abogado y autor del libro Las miserias del sexo. Prostitución y políticas públicas (La Catarata). Su crítica es compartida por la mayoría de las asociaciones que defienden los derechos de las mujeres, como APRAMP (Asociación para la Prevención, Reinserción y Atención de la Mujer Prostituida). Y temen, además, que la presión lleve a los proxenetas a esconder a las mujeres en pisos, lo que las invisibilizaría.

A Brufau le preocupan también medidas aparejadas a las sanciones, como el fichero en el que se recogen los datos de prostitutas y clientes que son multados por los Mossos (nombre y apellidos, el DNI, la dirección, la fecha de nacimiento, la nacionalidad). “¿Qué pasará con eso? ¿Acabaremos con fotos de prostitutas y clientes?”, se pregunta. El archivo está avalado por la Autoridad Catalana de Protección de Datos y es indispensable para poder sancionar.

“La prostitución como tal no es un delito en España. Ni ofrecerse, ni comprar servicios”, constata Joan Queralt, catedrático en Derecho Penal de la Universidad de Barcelona. “¿Qué bien jurídico se quiere proteger con la prohibición? Solo la moral sexual”, afirma. La portavoz de Hetaira, Cristina Garizábal, lo comparte: “Es el colmo de la hipocresía, de la doble moral”. La entidad, que defiende el derecho de las mujeres que se prostituyen, está a favor de la regulación y de que la Administración habilite zonas adecuadas para que las mujeres puedan ejercer. A su entender, hay un “porcentaje altísimo” de hombres que compran sexo en la calle y no van a dejar de hacerlo.