“Teníamos un depósito y aparecieron acciones. Nuestras firmas eran falsas”

Los métodos que se usaron en sucursales de las antiguas Caixanova y CaixaGalicia para colocar las controvertidas participaciones preferentes rompieron todas las reglas sobre la comercialización de unos productos, calificados como de elevado riesgo para los clientes por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Ni siquiera la normativa comunitaria MIFID, implantada por la propia comisión y que obliga a las entidades a realizar test de idoneidad a los clientes, supuso un obstáculo para vender a pequeños ahorradores un producto que las cajas consideraban fundamental para obtener dinero.

Además de aparecer contratos y tests de idoneidad firmados con huella digital de personas analfabetas, también hay casos en los que se facilitó a los clientes una libreta para simular que contrataban un depósito. Incluso hay clientes que ni siquiera fueron informados por la entidad de que el dinero que habían metido en un depósito se había transformado en las temidas preferentes. Es el caso de Josefina (nombre ficticio) quien denuncia que en una oficina de Caixanova en Cangas falsificaron su firma para firmar un test de idoneidad que ella nunca vio y que sirvio de aval para se pudiesen colocar preferentes a su nombre.

Esta persona, que no quiere desvelar su identidad, explica que junto a su marido habían depositado ahorros en una libreta a plazo fijo a mediados de los noventa. Durante más de 15 años no tuvieron problemas para retirar parte del dinero de la cuenta cada vez que lo necesitaban. La sorpresa les aguardaba en mayo del año pasado. “Fuimos a retirar 12.000 euros y nos dijeron que no había dinero sino papeles”, indica Josefina, quien se jubiló hace poco tiempo después de haber trabajado durante muchos años en una empresa conservera de la comarca.

“Fuimos a retirar 12.000 euros y nos dijeron que no había dinero, sólo papeles”

A partir de ese momento, la entidad siguió el guión que ha aplicado en otros muchos casos y le ofreció la posibilidad de sucribir un préstamo, por el que no tendría que pagar intereses y que le permitiría obtener líquidez de forma inmediata. Josefina aceptó aunque la cantidad se limitó finalmente a 10.000 euros por “dificultades técnicas”. También presentó una reclamación en la entidad para saber por qué el dinero que ella y su marido habían metido en un depósito ya no estaba allí. “Pedimos los documentos y vimos que había dostests firmados, uno por mí y otro por mi marido, que nunca habíamos visto antes. El director de la sucursal nos pidió los carnés de identidad y comprobó que las firmas no coincidían con las de los tests. Nos dijo que lo que podíamos hacer era presentar una denuncia”, explica la cliente.

Tras consultar la documentación descubrieron que su dinero había sido traspasado a participaciones preferentes y obligaciones subordinadas, con vencimiento en 2020 y 2051, respectivamente. En total, son más de 40.000 euros, “nuestros ahorros de toda la vida”. Ahora no saben cómo ni cuando podrán recuperarlos. Josefina y su marido viven de sus respectivas pensiones que no alcanzan para afrontar los altos costes que puede suponerles el inicio de un proceso judicial, pese a que están convencidos de que en su caso se ha producido una estafa. “Tenemos que informarnos sobre lo que podemos hacer para tener acceso a nuestro dinero pero en estos momentos no podemos pagar a un abogado”, indica Josefina.

“En estos momentos no podemos pagarnos un abogado”

Casos similares al de Josefina han sido trasladados a la Fiscalía del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia por la asociación de usuarios Adicae, que hasta incluye el caso de un test de idoneidad firmado con la huella dactilar por un cliente. La fiscalía está preparando una demanda contra Novagalicia Bancosobre las prácticas seguidas por la comercialización de este tipo de productos a miles de ahorradores a lo largo de la última década. Más de 43.000 ahorradores tienen participaciones preferentes de las antiguas Caixanova y Caixa Galicia, que emitieron participaciones por valor de cerca de 1.000 millones de euros. La demanda se presentará en las próximas semanas y agrupará a cerca de un millar de casos remitidos por el Instituto Galego de Consumo y la asociación Adicae. El fallo judicial puede tardar varios años por lo que los afectados esperan que haya antes un solución política.

En esta línea, el Parlamento gallego ha tomado cartas en el asunto y el viernes aprobó por unanimidad una iniciativa para que los ahorradores puedan recuperar el 100% de los fondos invertidos. La solución definitiva, si es que llega, deberá esperar con toda probabilidad a que se tome una decisión sobre el futuro de Novagalicia Banco, ahora en manos del Estado.