Una grieta más

Una grieta más, mínima, casi invisible, me avisa del grado de quiebra de la política vigente: en Los Barrios, municipio de poco más de 20.000 habitantes, en el Campo de Gibraltar, los concejales y los especialistas que trabajan para el Ayuntamiento, policías incluidos, piensan en volver a sus viejos oficios o en buscar uno nuevo, porque desde febrero no cobran. No hay fondos. Que desaparezca el Ayuntamiento por inanición es difícil, así que cabe imaginar que los Ayuntamientos futuros estén regidos por funcionarios de carrera, técnicos presididos por un alcalde elegido entre los ricos del lugar, algún privilegiado que no necesite compensación económica por participar democráticamente en la administración del municipio.

El caso de Los Barrios es un síntoma más de descomposición política. Y lo peor es que parece venir a satisfacer los deseos expresados consciente o inconscientemente por muchos estos últimos años, cuando la política se identificaba con la corrupción: políticos fuera, que se pongan a trabajar. No caduca nunca la ilusión de un Estado tecnocrático, de expertos sin ideas ni intereses propios, si es que existe ese tipo de monstruo acéfalo y sin alma. El invento no es nuevo aquí. Consiste más o menos en lo que defendía el franquismo: un Estado sin políticos, sin política, sin partidos, es decir, un Estado de política única y partido único, en el que los disconformes no existen o están fuera de la ley. Poco a poco, progresamos hacia el pasado.

En Andalucía no se acaba esa sensación de corrupción normalizada, ese descontento indiscriminado, escandaloso o mudo, entre el populismo y el apoliticismo. La corrupción se ha democratizado mucho, al alcance de todos los que han tenido posibilidad de practicarla, sistema de gobierno en municipios tomados por la policía. A la política la desprestigian los intereses privados, cuando los partidos confunden el interés público y el interés privado, es decir, los intereses partidistas con el interés del país. Los gobernantes de la Junta investigados por los jueces y la Guardia Civil a propósito de los ERE niegan cualquier responsabilidad en el asunto. Pero en Andalucía se ha recurrido a normas de diseño para disponer sin control de los fondos públicos, y la solemnidad institucional con que se niega lo evidente demuestra, además de poca seriedad, poco respeto a los ciudadanos. Lo recuerdo porque es una aportación fundamental al desprestigio de la política. Los partidos deberían cambiar: hacerse responsables, simplemente.

Durante la década pasada, los mejores tiempos de la historia española en su busca imposible del Estado social y democrático de Derecho que establece la Constitución, coincidieron con la propaganda masiva en contra de lo público. Tuvo éxito la idea de que lo privado es siempre mejor que lo público, noción difundida a través de dos líneas complementarias: desde la derecha se propugnaba abiertamente la privatización de la salud, de la sanidad, de las carreteras, del agua; desde la izquierda, aquí en Andalucía, el disfrute ciudadano de derechos fundamentales se presentaba como una obra de caridad de la Administración paternalista. Los ricos van a médicos y colegios privados, convenían derecha e izquierda, unidas en el desguace de un sistema fiscal que garantizara el reparto equitativo de bienestar y oportunidades.

Ahora llega el episodio de Los Barrios. ¿Ha empezado la expulsión de los Ayuntamientos, y de la política democrática en general, de todo ciudadano que necesite un sueldo para vivir? Puede ser el siguiente paso: que nos gobiernen comisarios, funcionarios de carrera supuestamente apolíticos y millonarios supuestamente apolíticos, del tipo Berlusconi y su movimiento político supuestamente sin políticos, o del tipo alcalde Gil, de Marbella, magnates futbolísticos. Ha llegado el momento de plantear la privatización de los Ayuntamientos, la privatización del Estado.