La consejería de Blasco vulneró “toda la normativa de subvenciones”

El informe pericial encargado por la juez del caso de la cooperación sobre las subvenciones otorgadas a la Fundación Cultural y de Estudios Sociales (Cyes) concluye, de forma provisional, que “los responsables de la consejería autonómica” que dirigía el actual portavoz del PP en las Cortes Valencianas, Rafael Blasco, admitieron facturas y certificaron la conformidad de las ayudas “vulnerando de modo generalizado toda la normativa estatal de subvenciones”. Además, certifica que solo llegó a Nicaragua, país destinatario de dos de los proyectos aprobados, el 2,5% del dinero concedido por la Consejería de Solidaridad y Ciudadanía. De 1,6 millones de euros, la organización no gubernamental (ONG) presidida por Marcial López solo envió al país destinatario 43.000 euros.

Nieves Molina, titular del juzgado de Instrucción número 21 de Valencia, que investiga el fraude en las ayudas a países en vías de desarrollo otorgadas por la Generalitat, encargó el 27 de julio de 2011 a un perito que analizara las adjudicaciones a la fundación Cyes. Cinco proyectos que sumaban 2,2 millones de euros, pero donde destacaban los 1,6 millones que sumaban los destinados a Nicaragua. Investigaba la juez la denuncia de la diputada socialista Clara Tirado referente a que se destinó gran parte del dinero a la compra de inmuebles en Valencia.

Tras levantarse el secreto del sumario, las conclusiones del informe pericial, que de momento tiene un carácter provisional, han visto la luz y desvelan numerosas irregularidades. Así, una de las primeras conclusiones es que Cyes no acredita reunir el requisito de experiencia previa, que supone tener al menos seis proyectos anteriores en el país destinatario de la subvención. “La norma resulta lo suficientemente nítida para que no procedan los razonamientos interpretativos que justifiquen su admisión”, explica el perito.

Precisamente, los interrogatorios a imputados y testigos han desvelado que cuatro de los cinco miembros de la comisión que debía aprobar en la consejería las subvenciones se opusieron a dar luz verde a los de la Fundación Cyes por dicha irregularidad, y que fue el consejero Rafael Blasco el que les presionó puesto que sabía que iba a llegar “un papelito” que acreditaría la experiencia previa de Cyes.

El dinero llegó a una cuenta y con él no se pagaron las facturas admitidas

El perito también esgrime que la Generalitat pagó las ayudas a la Fundación Cyes “antes de que se presentase la reformulación” de los proyectos, y tampoco consta que se “haya examinado y aprobado dicho proyecto reformulado”, algo que sí exige “expresamente” la normativa de la Generalitat.

Sobre el desvío de dinero de los dos grandes proyectos, el informe destaca que se compraron cuatro inmuebles (dos entresuelos y sendas plazas de garaje) “para oficina técnica en Valencia sin que conste claramente en las memorias”. En total, se gastaron 805.000 euros, pero las reformas, los gastos de notaría, registros, impuestos, asesoramientos y honorarios de venta elevaron las facturas hasta 969.875 euros.

También se destaca el pago de 456.960 euros a la firma Arcmed, de Augusto César Tauroni, el principal imputado de la trama. “Dichos servicios se adjudican ilegalmente”, asegura el perito. Y argumenta que esa empresa no pudo hacer ninguno de los servicios pagados: “Dicha sociedad carecía de actividad hasta la fecha, así como de personal laboral contratado y de información fiscal disponible, no ha subcontratado (subcontrata que sería ilegal) con ningún profesional, la realización, sin que pueda contrastarse la realidad de la prestación”.

También revela el informe pedido por la juez que otros pagos significativos se realizaron a la sociedad Asesoría y Consultoría Integral de Proyectos, SL, una empresa constituida por el propio Marcial López y por miembros de su familia. Algo que también vulnera la ley. Y dado que tanto en este caso como en el de Arcmed, los importes superan los 18.000 euros, los contratos adjudicados incumplen la ley.

La ONG incumplió el requisito de experiencia previa pero recibió ayudas

La consejería siempre ha argumentado que se reclamó a Cyes para que sustituyese las facturas no admisibles (sobre todo las de las compras de las viviendas) y que el expediente está completo. Sin embargo, el informe pericial revela que la ONG presentó “otras facturas sin vinculación directa con el proyecto, sin que estén expedidas a su nombre, sin respaldo de pago y resultando imposible su pago con los fondos de Cyes”. Incluso se sorprende el perito del cambio de la moneda en los pagos. “Parte de dichas facturas, posiblemente todas, han sido expedidas en córdobas, moneda local de Nicaragua, y reconvertidas en euros en el importe de la factura”.

Además, el perito explica que todas las ayudas fueron a parar a la misma cuenta y que los pagos se pueden contrastar con los fondos de dicha cuenta. “En el caso de los dos grandes proyectos el destino que se le ha dado es el de la primera justificación”, explica el experto en referencia a la compra de los inmuebles, “y no el de la última”, o sea, las nuevas facturas aceptadas. Y concluye: “Por lo tanto, las certificaciones emitidas por los responsables de la consejería carecen de valor a efectos de determinar el uso y destino de dichos fondos”.

En cuanto a los tres proyectos de menor cuantía, el experto explica que “Cyes no ha acreditado la ejecución del proyecto, que no consiste en la elaboración de un material didáctico únicamente, sino en la impartición de un máster”. Incluso explica que Cyes está cobrando una matrícula de 1.500 euros por impartir los cursos financiados por la consejería. Igualmente hay facturas cuestionables con Arcmed y con la empresa de López.