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Archivada la causa contra un cargo de Antifraude por cohecho

El periodista Carles Quílez no cometió delito alguno al aceptar que un imputado por narcotráfico le avanzara el pago de una moto

La Audiencia de Barcelona ha archivado la causa abierta contra el director de análisis de la Oficina Antifraude de Cataluña (OAC), el periodista Carles Quílez. El tribunal considera que Quílez no cometió delito alguno al aceptar que un narcotraficante comprara una motocicleta para él. El periodista fue imputado por el titular del juzgado de instrucción número 1 de Barcelona, Joaquín Aguirre, en el marco del caso Macedonia, de presunta corrupción policial. El juez le atribuyó los delitos de cohecho y revelación de secretos, pero ahora la Audiencia ha revocado ese auto y ha acordado el sobreseimiento provisional de las actuaciones.

La Sección 21ª de la Audiencia de Barcelona concluye que un confidente policial imputado en la causa por tráfico de drogas, Manuel Gutiérrez Carbajo, pagó entre 8.200 y 9.000 euros por una motocicleta para Quílez antes de que este fuera nombrado para el cargo en la OAC. El importe, precisa la resolución, “iba a ser reembolsado en efectivo y sin rastro documental”. Según revelaron Carbajo y Quílez en el careo que ambos mantuvieron ante el juez, se trataba de un “favor personal” sin compensación económica, fruto de una relación de amistad de años. Los magistrados, sin embargos, consideran que sea como sea que se cerró el trato si hubo un cierto “beneficio económico” para Quílez, ya que Carbajo pudo conseguir la moto a buen precio.

El auto señala que las conclusiones a las que llegó el juez Aguirre son “coherentes con las reglas de la lógica y la máxima de la experiencia”, ya que en una conversación telefónica intervenida a Gutiérrez Carbajo este dijo, supuestamente sobre Quílez: “Ahí tenemos un enganche muy bueno”. El problema, sigue la sala, es que Quílez no había sido nombrado aún director de análisis de Antifraude, por lo que no puede haber delito de cohecho. “Otra cosa es que, desde el punto de vista moral o, si se quiere, de la necesidad de preservar la función pública”, la acción de aceptar un regalo en consideración al “cargo futuro” sea reprochable. Pero solo desde un punto de vista “social, no penal”.

El auto que estima el recurso de Quílez también rechaza que este haya cometido un delito de revelación de secretos. En una conversación telefónica mantenida la primavera de 2010, Quílez advirtió a Carbajo de que “pudiera estar en peligro”. El juez Aguirre interpretó que le estaba alertando sobre las pesquisas del caso Macedonia, entonces declaradas secretas. La Audiencia de Barcelona, por el contrario, cree que “no hay elementos suficientes para afirmar que ese hecho se ha producido” y considera que las declaraciones de Gutiérrez Carbajo no son suficientes. Los magistrados consideran que la advertencia de Quílez no era en relación con la causa, sino sobre “personas imputadas en otras causas”, ya que “también le expresa su temor de ser él mismo objeto de algún mal”. Además, concluye el auto, resulta difícil saber por qué vía Quílez –que entonces ya ocupaba su cargo en la OAC- pudo conocer el contenido de las investigaciones.

El sindicato ultra Manos Limpias, por otra parte, ha entregado hoy al juez que investiga el caso caso un informe que denuncia la “manipulación” y “ocultación” de llamadas telefónicas intervenidas entre policías y narcotraficantes. Según el informe pericial del sindicato, que ejerce la acusación popular en el caso Macedonia, los DVD que contienen grabaciones de audio, transcripciones de las llamadas y mensajes SMS “fueron manipulados y no contenían, ni la totalidad de los resultados obtenidos en la intervención, ni indicaban todas las conversaciones de interés para la investigación”.

Según el informe del perito de parte, no se trató de un error, sino de una “manipulación” que tenía como intención “de que no fueran identificadas” algunas personas presuntamente vinculadas al caso. El perito cita como ejemplo una serie de llamadas recibidas y enviadas por un personaje, alias Tarek, que no se transcribieron ni se señalaron como relevantes para la investigación. Según el informe, de las llamadas se desprende que Tarek es el proveedor de droga de uno de los imputados en la causa por tráfico de drogas, David Donoso.

El documento concluye que los miembros de la unidad adscrita de los Mossos d’Esquadra están “protegiendo y ocultando” a un traficante, por lo que son también “colaboradores” en el negocio del tráfico de drogas. En un escrito remitido al juez que investiga el caso, Joaquín Aguirre, los abogados de Manos Limpias piden la imputación de una docena de agentes de los Mossos de esa unidad.