El exgerente del hospital de Sant Pau justifica los pagos a altos directivos

El exgerente del hospital Sant Pau de Barcelona, Jordi Varela, ha justificado este jueves ante el juez los pagos a altos directivos del centro sanitario. En su declaración como imputado por presunta malversación de fondos públicos, Varela ha asegurado que el exgerente adjunto Ricard Gutiérrez siguió cobrando después de dejar el cargo, en 2004, por el desarrollo de una cátedra sobre gestión sanitaria. Los denunciantes consideran, en cambio, que Gutiérrez percibió importantes retribuciones durante siete años sin realizar tarea alguna. Varela ha desmentido hoy esa versión y ha asegurado que aportará documentos al juzgado que lo corroboren.

Según Varela, la fundación de gestión del Sant Pau aportó al proyecto -en el que participaba la Fundación Doctor Robert y la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)- el prestigio profesional de Gutiérrez. Este percibió los ingresos de esa fundación de gestión. El proyecto ha resultado "muy beneficioso para el hospital", ha detallado Varela ante el titular del juzgado de instrucción número 22 de Barcelona, Juan Emilio Vila Mayo, quien investiga las presuntas irregularidades cometidas en la gestión del centro hospitalario.

El imputado también ha negado que se hayan producido pagos irregulares a patronos de la fundación como Joan Ros Petit y José Ignacio Cuervo. Según los denunciantes, ambos cobraron distintas cantidades del hospital de Sant Pau pese a que la ley catalana de fundaciones les prohíbe hacerlo en su calidad de patronos. Varela, en cambio, ha asegurado que contrató a Cuervo para desarrollar un proyecto sobre sanidad. El contrato fue por seis meses, ha añadido Varela, quien a la salida de la declaración ha cargado contra los denunciantes. "Hay una serie de personas malintencionadas que han llevado por la vía penal lo que nació como una disputa laboral".

Sobre el contrato por 5,1 millones con la multinacional Philips para amueblar el hospital, Varela ha asegurado que los contratos se ajustaron a la legalidad. Según los denunciantes, sin embargo, los contratos fueron adjudicados a dedo y sin concurso público. El exgerente fue destituido en marzo, cuando la Generalitat descubrió un agujero de 30 millones en las cuentas del Sant Pau.