Desarticulada una trama de estafa al subsidio y ayudas al desempleo

La Guardia Civil de Cádiz aseguró este jueves haber abierto “la caja de Pandora” con la operación Picones, con la que ha destapado una trama dedicada a abrir empresas ficticias en Jerez y la sierra gaditana para facilitar el cobro de subsidios de desempleo y otras ayudas de manera ilegal. Los cabecillas, dos hermanos y su primo, se dedicaban a cobrar unos 150 euros al mes a personas a las que contrataban en sus falsas compañías con el fin de que cotizaran lo suficiente para cobrar los citados subsidios, otras ayudas o ventajas. Entre los detenidos e imputados, suman más de 300 personas. “Es un volumen de implicados nunca visto”, sostuvo el comandante jefe de la policía judicial, Luis Martín.

Toda la investigación se inició en Ubrique, municipio conocido por otras operaciones similares como la Halcón, de facturas falsas, o la Karlos, de tramitación de bajas médicas fraudulentas. Varias personas denunciaron a la Guardia Civil haber sido engañadas con el ofrecimiento de una serie de beneficios (ilícitos) económicos por parte de unas empresas que, en realidad, resultaron falsas. Fue el hilo del que tiraron los agentes de la Guardia Civil de Arcos, que, en seguida, descubrieron que todas estas denuncias coincidían en las personas y empresas, todas afincadas en Jerez y la comarca de la sierra. Esos denunciantes también estaban implicados en la trama, como reconocieron en posteriores declaraciones.

El farude a la Seguridad Social supera los 300.000 euros

Las investigaciones fueron coordinadas por el Juzgado número 1 de Jerez. Se descubrieron seis empresas, cinco de ellas que figuraban como dedicadas a la construcción y un pequeño negocio hostelero, un bar que llegó a tener contratados hasta 35 camareros. Ese bar era pura ficción. No tuvo nunca una sede física en el que esos camareros pudiesen trabajar.

Detrás de la trama estaban los hermanos Picón. Ellos eran los encargados de montar las empresas y organizar los cobros de sus falsos trabajadores, asesorados por su primo, que ejercía labores comerciales. La Guardia Civil cree que también estaban aconsejados por especialistas, de los que todavía no tienen pistas. Aquí funcionaba el boca a boca. Los hermanos firmaban un contrato falso con una persona que cobraba así un subsidio de desempleo y esta se lo contaba a otras más, que contactaban con los cabecillas.

Los hermanos Picón conseguían poner al frente de esas empresas a hombres de paja, gente humilde y sin mucha formación, a la que conseguían convencer para hacerse pasar por empresarios a cambio de pequeñas cantidades de dinero, copas, gasolina y otros productos.

La Guardia Civil ha contabilizado 91 detenidos y 213 imputados, aunque es solo un balance provisional. “Hemos dado con la clave de poder detectar con mucha más facilidad las empresas ficticias que se están lucrando con este modus operandi”, se felicitó Martín.

El responsable de la policía judicial compareció públicamente con los responsables de la Tesorería General de la Seguridad Social y la Inspección de Trabajo. “Lo que tienen que conocer las personas a las que se hace la oferta es que existe un control y seguimiento posterior de actuaciones indebidas”, subraya el director provincial de la Seguridad Social, Miguel López Aranda. La operación llega a la misma comarca que se vio salpicada por las operaciones Karlos o Halcón. “La crisis afecta también a la concienciación ciudadana”, justifica.

Lo que todavía no se sabe es el volumen económico del fraude. Solo la deuda a la Seguridad Social de estas empresas ficticias supera los 300.000 euros. El Inem está calculando ahora cuánto dinero han recibido los beneficiarios del fraude.