Cuatro empresas que trabajan con menores, en “grave peligro de morir”

Los impagos de la Generalitat a los centros de menores —que abarcan las facturas de todo el año 2011 y parte del 2012, que suponen unos nueve millones de euros— ponen en “grave peligro de morir” la labor de unas 60 empresas, los puestos de trabajo de cerca de 1.300 trabajadores que realizan programas de protección, prevención y trabajos reformatorios y la atención diaria de unos 5.000 menores.

Los sindicatos CC OO y UGT denunciaron ayer en rueda de prensa que la Dirección General del Menor de la Consejería de Justicia y Bienestar Social ha publicado “sin previo aviso ni negociación” una orden por la cual saca a licitación pública los programas de medidas judiciales para que a partir del 1 de julio sea una sola empresa la que se encargue de su gestión.

Desde 1993, cinco entidades venían desarrollando estos trabajos de manera “ejemplar y modélica”, aseguran los sindicatos, “y ahora al menos cuatro de ellas se ven condenadas a desaparecer”.

Miguel Ángel Vera, secretario general de la federación de Enseñanza de CC OO; Toni Femenia, de la Federación de Servicios Públicos de UGT y Antonio Jiménez, de Fete-UGT, junto a Javier Merás, uno de los trabajadores de medidas judiciales en abierto para menores de la empresa Nazaret en Alicante, denuncian que los impagos del Consell hace que “muchas de las entidades dedicadas a los programas de menores lleven dos, tres, cuatro o cinco meses, según casos, sin poder pagar las nóminas de sus trabajadores o sin poder pagar el 100% de sus facturas de mantenimiento de los centros”.

Pese a esta situación crítica, la consejería ha comenzado a abonar el 60% de los gastos sólo a los centros concertados, pero no al del resto de entidades no gubernamentales, lo que “pone en riesgo” las actividades diarias con los menores. De las cinco entidades —Nazaret Fundación Padre Fontova, Fundación Diocesana San José Obrero, Fundación Diagrama, SPAM y Fundación los Arcos— que llevan casi 20 años trabajando en estas medidas de manera ampliamente reconocida, incluso por la propia dirección general, “como mínimo, cuatro desaparecerán”, advierten.

Femenia ha alertado del “daño irreparable” que está causando la Dirección General del Menor con la “macrolicitación” para este tipo de programas y ha denunciado que en la orden dada a conocer la semana pasada figuraba la firma de la responsable del departamento desde el pasado 12 de abril. “Mes y medio con la decisión tomada y ocultándolo” a los afectados. Femenia considera “inexplicable” que se “olviden” de los que llevan casi 20 años realizando una labor “rigurosa”, de criterios como la continuidad, el nivel de eficacia, la necesidad social en el ámbito de actuación o la colaboración para la inserción social y se opte “un monopolio de gran superficie”. Para Vera, “lo terrible es que si no se apoya en este momento la educación, después se tendrán que construir cárceles”.

Para reclamar tanto el pago de los retrasos que la Generalitat mantiene con todos los centros de menores así como para exigir la retirada de esta orden y el inicio de negociaciones encaminadas a diseñar un nuevo modelo de atención a menores que no se base en las subvenciones y que establezca ratios de menores por cada trabajador a cargo, los sindicatos han convocado una concentración a las puertas de la Consejería de Justicia y Bienestar Social el próximo miércoles 6 de junio a las 11.30.