Un exdirector bancario admite que estafó más de cinco millones a clientes VIP

El exdirector de la principal sucursal bancaria de la Caja de Ingenieros de Barcelona Jordi B., para quien el fiscal pide seis años de cárcel, ha admitido que entre 1999 y 2002 estafó más de cinco millones de euros a "clientes VIP", la mayoría personas de avanzada edad que confiaban ciegamente en él.

En la Sección Décima de la Audiencia de Barcelona se ha iniciado hoy el juicio contra Jordi B., acusado de estafar a clientes suyos, la mayoría de avanzada edad y con una salud precaria, falsificando su firma en cheques o engatusándoles con productos financieros de riesgo dándoles a entender que su capital estaba garantizado.

El acusado, que desde justo después de los hechos sufre esquizofrenia residual y un trastorno amnésico que le provoca lagunas en la memoria, se ha limitado, casi balbuceando, a admitir con unos "sí" apenas audibles en la sala, debido a su estado, que cometió los delitos de los que le acusa el fiscal.

Por el contrario, nada más iniciarse el juicio el tribunal ha absuelto in voce a otro de los acusados, el entonces director general de la Caja de Ingenieros, Hilario L., ya que el fiscal ha retirado la acusación por extorsión porque la mujer que lo denunció por presionarle para que firmara un acuerdo para que no llevara el caso a la policía dio marcha atrás y además ya ha fallecido.

Antes de que se interrogara al principal acusado, en la sala ha comparecido una médico forense, a instancias del tribunal, que ha confirmado que el exdirector de la oficina bancaria estaba capacitado para declarar, pese al cuadro de esquizofrenia residual y de lagunas de la memoria que sufre desde el año 2002.

Con un tono de voz apenas audible, el acusado ha confesado a preguntas del fiscal que aceptaba como ciertas "unas partes sí y otras no" del escrito de acusación pública, aunque ha sido incapaz de hacer más concreciones.

A instancias del fiscal, el tribunal ha interrumpido el interrogatorio para que el acusado pudiera hablar con sus abogados y al reanudarse el juicio, unos minutos después, Jordi B. se ha limitado a balbucear un "sí" a la pregunta de si reconocía todos los hechos de los que le acusa el ministerio público.

En su escrito, el fiscal acusa a Jordi B. de aprovecharse de la confianza que habían depositado en él un total de siete clientes, la mayoría de ellos ancianos con salud precaria, a los que estafó más de cinco millones de euros.

De estos siete clientes estafados, tres ejercen la acusación particular, uno de los cuales está representado por el abogado barcelonés Mario Pascual Vives. Para cometer la estafa, el acusado se valió de distintos métodos, ya que falsificó la firma de sus clientes en cheques de ventanilla, les hizo firmar cheques que luego rellenó y les apremió a contratar productos financieros y fondos de inversión en condiciones fuera de mercado, en operaciones de alto riesgo financiero, aportando unos documentos en los que falsamente les garantizaba su inversión.

A la hora de estafar a los clientes, el acusado se benefició de que entre 1999 y 2000 no se llevó a cabo ninguna auditoría interna en la oficina, por lo que pudo actual con total impunidad, según el fiscal. En el juicio, el fiscal también pide un año y medio de cárcel para la entonces prometida y secretaria de Jordi B., Mireia L., que según el ministerio público custodió y preparó documentos y ocasionalmente visitó a algunos de los perjudicados para que firmaran contratos con los que se llevó a cabo la estafa.

Mireia L., que se ha escudado en que solo trabajaba como secretaria y no estaba al corriente de las actuaciones financieras que se llevaban a cabo en la entidad, ha reconocido que era la prometida de Jordi B. y que él le abrió a su nombre una cuenta en Montecarlo con 84.000 euros en mayo de 2002, con la que tenían previsto pagar la entrada de su piso y los gastos de la boda.

La exprometida de Jordi B. ha señalado que este le había explicado que a sus "clientes VIP" les ofrecía productos fuera de mercado, aunque nunca le reconoció que se apropiara de su dinero.

En cualquier caso, ha corroborado que estos "clientes VIP", que gozaban de un trato preferente, tenían una relación de confianza con su exprometido. También ha comparecido como acusada Elisabet Cristina V., que entre junio de 1999 y enero de 2000 estuvo casada con Jordi B., quien según el fiscal transfirió 108.000 euros a una cuenta de la madre de esta en Argentina, le proporcionó 402.000 euros para que se comprara un piso y le abrió una cuenta con 324.000 euros en Andorra.

Elisabet Cristina V., para quien el fiscal pide dos años de cárcel por alzamiento de bienes, ha negado que Jordi B. le diera tanto dinero (solo ha reconocido que hizo las transferencias a Argentina para su madre) y ha justificado que tuviera estas cantidades de dinero aduciendo que anteriormente había mantenido "relaciones sentimentales" que la habían favorecido económicamente.