Las pesquisas de la Guardia Civil abocan el caso de los ERE al Tribunal Supremo

El caso de los ERE se situó ayer a las puertas del Tribunal Supremo. O al menos una buena parte de su instrucción. El motivo es que la Guardia Civil apuntó ayer al diputado socialista José Antonio Viera como el promotor que jugó “un papel esencial” para gran parte de las subvenciones ilícitas que concedió la Junta de Andalucía durante una década (2001-2010). Al ser Viera aforado, la juez Mercedes Alaya enviará la causa, por completo o solo en parte, al alto tribunal ¿Cuándo? La respuesta, por la que todos preguntan al haber señalado —que no imputado— la instructora ya al presidente del Gobierno andaluz, José Antonio Griñán, quedó ayer en el aire. Sin embargo, ante el extenso informe policial (300 páginas más anexos), la instructora decidió suspender todas las declaraciones previstas para estudiar el atestado “dada su relevancia”.

Tanto el sucesor de Viera, el exconsejero Antonio Fernández, como su ex director general Javier Guerrero, se encuentran en prisión preventiva. Ahora los investigadores señalan a Viera, exconsejero de Empleo entre 2000 y 2001, por las numerosas y cuantiosas ayudas recibidas por las sociedades de dos exconcejales socialistas de la Sierra Norte sevillana, donde residió Viera, que acapararon nada menos que 29 millones. 

La pequeña comarca de la Sierra Norte sevillana concentró 50 de los 73 millones concedidos en ayudas directas en toda la comunidad. Y la Guardia Civil avisó ayer de que el atestado de la Sierra Norte aún se está elaborando y cerrará el círculo en torno a Viera. “El papel concreto desarrollado por Viera, señalado por distintos imputados como creador e impulsor de la fórmula del convenio marco, está siendo objeto de análisis”, detallan los agentes.

El informe policial hace un profundo análisis del caos, “descontrol absoluto” y las numerosas ilegalidades que supuestamente cometió la cúpula de la Consejería de Empleo a través de 189 ayudas directas dadas a empresas (73 millones) y la inclusión de 126 intrusos (prejubilados que nunca trabajaron en las compañías) que defraudaron 12,3 millones. El matiz es que mientras que la Junta considera que esos 85 millones conforman el fraude, la Guardia Civil estima que todo el fondo [incluidos las partidas para los ERE] resultó fraudulento. El coste total supera los 1.200 millones con los intereses de demora, según los auditores de la Cámara de Cuentas.

Con este panorama, los agentes ponen nombre y apellido a las presuntas tropelías y también censuran la actuación del actual director general de Trabajo, Daniel Rivera, ya imputado. Además de acusarle de actuar “sin formalidad y con una clara y patente falta de procedimiento” en la tramitación del ERE de la empresa Surcolor, la Guardia Civil censura que diera forma a los mismos acuerdos alcanzados por Guerrero. “Todo ello en un contexto en el que ya se sabía cómo se habían dado las ayudas durante la época de Guerrero”, puntualizan los agentes. La Guardia Civil también le acusa de haber pagado pólizas en la empresa Cespa/FCC que ya fueron investigadas de manera interna por las sospechas fundadas en la Consejería “de que eran ilegales”.

Sin embargo, la acusación va más allá y achaca a la Junta que en noviembre de 2010 le ocultara documentos comprometedores: “Los expedientes reclamados por el juzgado no se mandaron tal cual estaban en la DGT (...) se sacó de los expedientes documentación que pudiera haber resultado comprometida o de interés para la investigación”. Una técnica imputada aclaró: “Rivera me dijo que había sacado algunas notas manuscritas mías [del expediente de Hitemasa]”. Los agentes añaden que existen pagos a sindicatos que no están justificados, entre ellos dos de 120.000 euros a Santana y la Faja Pirítica.

Además de Viera, el atestado acusa al ex director general Juan Márquez de “dar continuidad” a acuerdos ilegales y señala al exparlamentario Ramón Díaz como “pleno conocedor” de la existencia de tres intrusos. Díaz realizó gestiones para incluir a varios de ellos que percibieron pólizas millonarias ilegales. “Hay que meter a uno más, uno que está en Sevilla trabajando”, le dijo a un sindicalista, según contó este a los investigadores. Junto a Díaz, el exchófer de Guerrero y las secretarias María Ángeles Gala y Rocío Sayago “se aprovecharon de la falta de control” en la Dirección General de Trabajo.

Entre las deficiencias también enfatizan los agentes los pagos cruzados con las aseguradoras y las comisiones que impusieron las consultoras. Como en el caso del Hotel Cervantes, donde veraneaba el intermediario imputado Juan Lanzas, en cuyo ERE Empleo pagó una comisión del 19,95% frente al 3,18%, que sería la media del mercado. Resultado: un sobrecoste de 1,4 millones.

Por último, la juez dictó ayer dos autos en los que señala al gabinete jurídico de la Junta por su papel “activo o pasivo” sobre el fondo y su relación con el prestigioso bufete Garrigues, dos de cuyos abogados están imputados. La juez solicita a la Junta un organigrama del gabinete jurídico y dos asesorías jurídicas con todos los cargos especificados desde 2001 hasta la actualidad, “ante la evidencia del asesoramiento constante en el tiempo por parte de este despacho profesional”. Garrigues ha sido durante dos décadas el bufete de referencia para la Junta, y por tanto sus facturas resultaron astronómicas. Alaya exige al despacho que en 20 días le envíe las cartas de encargo, facturas emitidas y medios de pago para los encargos.

El informe avanza la previsible imputación de seis personas más, pero sobre todo detalla el increíble descontrol de una década plagada de desmanes.