La Cámara de Cuentas rechaza las “injerencias”
El órgano fiscalizador encarga un informe jurídico sobre el dictamen de los ERE
El pleno de la Cámara de Cuentas de Andalucía acordó ayer, por mayoría, solicitar un informe jurídico sobre el anteproyecto del caso ERE, las ayudas a empresas en crisis y a trabajadores afectados por expedientes de regulación aportadas por Junta entre 2001 y 2011. Además, el pleno aprobó una declaración institucional rechazando cualquier “injerencia”. La reacción de la Cámara de Cuentas se produce después de la filtración del borrador y de que el PP amenazara con denunciar cualquier modificación del informe que, según el secretario general popular, Antonio Sanz, “implica” al presidente y al expresidente de la Junta, José Antonio Griñán y Manuel Chaves, respectivamente.
La filtración ha llevado a la fiscalía a investigar un posible delito de revelación de secreto y a la reacción en pleno de la Cámara de Cuentas, que ayer justificó el informe jurídico encargado en la necesidad de “dotar de las máximas garantías de legalidad al acuerdo que se adopte sobre el trabajo de fiscalización”.
“Una vez elaborado y conocido el dictamen por todos los consejeros”, el informe se debatirá y aprobará de manera provisional para ser remitido a la entidad auditada, que debe realizar las alegaciones oportunas.
Además, la Cámara de Cuentas de Andalucía resaltó en su declaración institucional su “absoluta libertad e independencia” y el total rechazo a cualquier tipo de injerencia, “provenga de donde provenga”. De otra manera, declaran los consejeros, se “incumplirían de manera grave los deberes del cargo”.
Pese a esta declaración, Sanz insistió en sus dudas y consideró “gravísimo” y una “manipulación el hecho de que el pleno no haya elevado a definitivo” el informe de fiscalización. “La Cámara de Cuentas ha actuado al dictado de José Antonio Griñán”, afirmó en declaraciones a Europa Press Antonio Sanz, quien consideró “una manipulación política más del procedimiento” el que la Cámara de Cuentas no haya “aprobado un informe técnico solvente”.
“En una semana, la Junta ha pasado de decir que el informe no existía, como decía Griñán, a existir, como dijo el presidente de la Cámara de Cuentas, y a meterlo en el cajón, como este viernes ha acordado la Cámara”, añadió Sanz. El dirigente popular achacó la situación a “presiones intolerables a la institución por parte del PSOE” .
La Cámara de Cuentas replicó y defendió que la principal tarea de sus consejeros es la dirección de los trabajos de fiscalización y “proponer las modificaciones que se consideren necesarias” para que las conclusiones sean “objetivas, sistemáticas y equilibradas”. En este sentido, la declaración conjunta ratificó la “firme voluntad” de los miembros del pleno de “continuar ejerciendo la tarea que les ha sido encomendada, sin omitir ninguna de sus obligaciones”. Finalmente, los consejeros apelaron “a la responsabilidad de los partidos políticos para que eviten declaraciones o actuaciones que puedan deslegitimar la labor de la institución o de cualquier miembro de la misma, ya que se pone en peligro uno de los pilares necesarios para el desarrollo del sistema democrático, que es la independencia y la autonomía en la toma de decisiones”.
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