Maroto se queda solo contra una consulta sobre la estación de autobús

Parece el cuento de nunca acabar y es uno de los ejemplos recurrentes que usan los vitorianos cuando quieren criticar a la clase política de su ciudad. Cuando parecía que finalmente la nueva estación de autobuses de Vitoria se construiría frente a lasede del Gobierno vasco en Lakua, tras el pacto alcanzado por el equipo de Javier Maroto con Bildu nada más empezar este mandato, su emplazamiento vuelve a estar en el aire.

Pese a que todo depende de si la oposición (Bildu, PNV y PSE) logran un acuerdo, estos grupos han evidenciando la soledad del alcalde. Maroto y el PP son los únicos que rechazan celebrar una consulta popular en la capital vasca sobre la ubicación de la estación. Dicho acuerdo entre la oposición no parece hoy por hoy imposible, aunque el equipo de gobierno cree que no lo lograrán y trabaja bajo la premisa de que todo seguirá igual.

El portavoz socialista y exalcalde, Patxi Lazcoz, aseguró ayer que apoyará la petición de una consulta popular que, por otro lado, él se negó a convocar cuando estaba previsto situar la nueva estación en uno de los extremos del parque Arriaga. Ahora en la oposición, Lazcoz se mostró partidario de escuchar a los vecinos y apuntó que su partido “no va a complicar el panorama con una nueva propuesta" cuando se debata en el pleno del consistorio.

Cerraba así la puerta a un tercer planteamiento de la cuestión. El PNV apuesta por dejar de lado los dos espacios que se han manejado hasta ahora para edificar una terminal junto a la futura estación de trenes, que se trasladará al norte de la ciudad con el soterramiento de las actuales vías de Renfe y la llegada del AVE a la ciudad.

Bildu, quien pactó con Maroto la ubicación actual, en la Plaza Euskaltzaindia, ahora propone preguntar a los ciudadanos si prefieren este espacio o retomar la idea inicial de llevar la infraestructura al parque Arriaga. Por el momento, nadie ha registrado oficialmente su propuesta para debatirla en el pleno, según fuentes municipales. Una vez debatida y, en su caso, aprobada, el Gobierno central tendría que avalar la realización de la consulta, según establece la Ley de Bases de Régimen Local.