PSOE y BNG apoyan la moratoria de derribos de la Lei de Vivenda

PSOE y BNG apoyan una moratoria de los derribos de viviendas construidas con licencias que luego los juzgados anulan y ordenan demoler. Ni socialistas ni nacionalistas han pedido en sus enmiendas suprimir o modificar ese parón que el PP quiere introducir en la nueva Lei de Vivenda. Los socialistas, además, solicitan que la Xunta pueda asumir inicialmente, en lugar de los Ayuntamientos, el coste de indemnizar a los propietarios de los edificios construidos de acuerdo a licencias municipales luego anuladas por la justicia.

La nueva Lei de Vivenda que promueve la Xunta incluye una disposición adicional que dice que se deberá determinar la responsabilidad patrimonial antes de derribar una edificación ilegal construida al amparo de una licencia efectivamente concedida. Esto es, si un Ayuntamiento otorga una licencia a un vecino y este construye pero luego un juzgado declara ilegal el permiso, el municipio deberá indemnizar al vecino antes de derribarle la vivienda. En la práctica, y como los procedimientos para determinar la responsabilidad patrimonial son complejos, esa nueva disposición supondrá una moratoria de los derribos.

Esa disposición propuesta por el Gobierno gallego implica que una ley autonómica pueda parar la ejecución de una sentencia judicial y que se tenga que indemnizar antes de que se produzca ningún daño, aspectos que presentan serias dudas legales. Tantas que la Asesoría Xurídica de la Xunta y el Colegio de Arquitectos se han mostrado en contra y una disposición similar introducida en una ley de Cantabria está pendiente de ser analizada por el Constitucional.

Pese a ello, ninguna de las 98 enmiendas del PSOE ni de las 63 del BNG intentarán suprimir ni corregir esa disposición. El diputado Luis Tojo se remitió ayer, en la presentación de las propuestas socialistas al proyecto de ley, a “lo que aclare el Tribunal Constitucional”.

El PSOE añade a la disposición original otra por la que la Xunta “podrá” expropiar los derechos de ese ciudadano al que se debe indemnizar por “la demolición de su vivienda realizada al amparo de un título anulado”. Esa expropiación del derecho a la indemnización supondría que la Xunta pagaría al ciudadano lo que realmente debería ser abonado por el Ayuntamiento que otorgó mal la licencia. Y con la redacción del artículo —“podrá”— deja en manos del Gobierno gallego decidir en qué casos asume esa expropiación. Esto es, ante la crisis de las arcas municipales, de entrada la Xunta indemnizaría al propietario para que se pudiese derribar su vivienda y luego ya se pondrían de acuerdo las Administraciones autonómica y local para asumir el coste final, dejando en manos del Gobierno gallego la decisión discrecional de a qué Ayuntamiento ayuda y a cuál no.

En esa misma línea, los socialistas piden que los ciudadanos afectados por un derribo como consecuencia de una licencia mal otorgada tengan mayor facilidad para acceder a una vivienda de protección oficial. Por otra parte, el PSOE también plantea en sus enmiendas que se fije en un mes el tiempo máximo para que un Ayuntamiento responda a la petición de una licencia para obras menores, como el retejado de una vivienda. Superado ese tiempo sin respuesta municipal se consideraría otorgado el permiso.

Las enmiendas socialistas plantean suprimir la intención del PP de limitar el tiempo durante el que una vivienda sigue siendo de protección oficial, no reducir las reservas de suelo para vivienda protegida e incrementar su superficie habitable máxima, eliminar los costes de tramitación de la dación en pago y controlar el gasto energético de las nuevas viviendas.