Ruiz Gallardón destituye al secretario de Gobierno del TSJ valenciano
La Unión Progresista de Secretarios Judiciales UPSJ) y el Sindicato de Secretarios Judiciales (Sisej) denuncian un grave error y un nefasto precedente
El Ministerio de Justicia ha destituido de forma fulminante a Jesús Olarte como secretario de gobierno del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana, una decisión que dos importantes asociaciones de secretarios han lamentado en sendos comunicados. Según algunas fuentes, la decisión del ministerio que dirige Alberto Ruiz-Gallardón responde a luchas políticas para situar en puestos clave de los tribunales a personas afines a la Consejería de Justicia valenciana. Cabe indicar que Olarte fue nombrado con un gobierno del PP y renovado por el mismo partido.
Así, está pendiente desde septiembre pasado la renovación de los tres cargos de secretarios coordinadores provinciales, y correspondía a Olarte hacer las propuestas, que han sido bloqueadas desde entonces. Al parecer, no ofrece ningún problema la designación de los responsables de Alicante y Castellón. Sin embargo, el relevo del coordinador provincial de Valencia, Rafael Lara, ha originado discrepancias entre Olarte, que ha propuesto a otros candidatos y la Consejería de Justicia, que dirige Jorge Cabré.
Tras meses sin acuerdo, la decisión del Ministerio ha sido decretar el cese de Olarte, con la particularidad de que su sustituto provisional será Lara y de que no hay un plazo para nombrar a la persona que le releve definitivamente.
Lara es presidente del Colegio Nacional de Secretarios Judiciales (CNSJ), asociación a la que otros sindicatos cuestionan su supuesta condición de colegio profesional.
Apoyos a Olarte
Este martes, tanto el Sindicato de Secretarios Judiciales (Sisej) como la Unión Progresistas de Secretarios Judiciales (UPSJ) cuestionaron el cese de Olarte. A juicio de UPSJ, el cese “ha provocado la indignación de sus compañeros secretarios judiciales, y la de los profesionales de la Justicia de la Comunidad Valenciana” y atribuye el hecho “única y exclusivamente a cuestiones y presiones no profesionales, lo cual supondría un gravísimo error y un precedente nefasto, un ataque sobre la línea de flotación de la administración de justicia”.
Sisej también alaba la profesionalidad de Olarte y cree que su cese “no puede ser interpretado” sino en el marco de “presiones y del reparto de cuotas de poder en el entorno institucional de la fuerza política gobernante, presiones que contribuyeron a bloquear” los nombramientos.
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