Mas descarta recurrir la reforma laboral pese a la pérdida de competencias

La reforma laboral no tendrá recurso de la Generalitat en el Tribunal Constitucional (TC). El Gobierno catalán confirmó ayer su cambio de criterio y retiró su amenaza de presentarse ante el TC tras aprobarse la ley con enmiendas de Convergència i Unió pactadas con el Partido Popular. Antes de la aprobación, la posición de la Generalitat era clara: el Gobierno catalán se comprometía a recurrir la reforma ante el TC si había vulneración de competencias autonómicas, como dictaminó el Consejo de Garantías Estatutarias, el órgano consultivo de la Generalitat.

Una vez aprobada la reforma, el Gobierno considera que las enmiendas de CiU corrigen los desajustes estatutarios que había señalado el dictamen del Consejo y, por ello, descartó alegar al TC: “Si cogemos las conclusiones del dictamen, todas las que se referían a la cuestión competencial quedan salvaguardadas”, aseguró el portavoz del Ejecutivo catalán, Francesc Homs. Homs soslayó que la reforma se aprobó manteniendo otros aspectos que el dictamen había señalado como inconstitucionales: “El compromiso del Gobierno era recurrir aquello que vulnerase las competencias de la Generalitat”, mantuvo el portavoz.

El Consejo concluyó que el artículo 12 de la reforma laboral vulneraba el derecho al trabajo y la negociación colectiva. También dictaminó que la Generalitat perdía todas sus atribuciones en autoridad laboral. Especialmente lacerante, denunciaron los partidos de izquierda, es el caso de perder la última palabra en los expedientes de regulación de empleo (ERE).

Con la reforma, como señaló el Consejo de Garantías Estatutarias, la Generalitat no podrá decidir si aprueba los ERE, ya que el Gobierno ha retirado el poder de veto de la Administración. No es una competencia vulnerada por el Estado, pero sí perdida por la autonomía. “Si se la hubiese quedado el Gobierno central, seguro que presenta recurso. Pero se la quedan las empresas”, denunció el portavoz de ICV en el Congreso, Joan Coscubiela. El líder ecosocialista, Joan Herrera, abundó que la falta de combatividad en el Gobierno catalán es un “fraude” a Cataluña, dado que el Consejo dictaminó su inconstitucionalidad.

Para la portavoz de Esquerra, Anna Simó, la decisión del Ejecutivo de Mas es “decepcionante”, y el partido tratará de llevar la reforma laboral al TC a través de sus diputados en el Congreso. Uno de ellos, Joan Tardà, subrayó que la pasividad de la Generalitat en cuanto a la pérdida del derecho a decidir sobre un ERE es “un escándalo”. “Esta capacidad permitía a la Generalitat hacer, desde la perspectiva laboral, política industrial. Es un paso atrás enorme”, subrayó Tardà, que denunció el rechazo de CiU a una enmienda de ERC que reclamaba recuperar esa competencia.

Coscubiela y Tardà manifestaron también sus dudas en cuanto al respeto de la reforma laboral a las competencias de la Generalitat en políticas activas de ocupación y formación profesional. El Partido Nacionalista Vasco, que votó en contra de la reforma, también las tiene: “No ha habido ninguna transacción que salvaguarde la competencia económica en políticas activas”, refrendó un portavoz de la formación vasca. PNV y CiU, con una dilatada trayectoria de afinidad parlamentaria, rompieron su habitual consenso en este punto.

Los nacionalistas catalanes consideran que las competencias de la Generalitat quedan salvaguardadas con las enmiendas. El grupo parlamentario de CiU logró suprimir una de las disposiciones adicionales señaladas por el Consejo de Garantías Estatutarias y modificar otra, en la que se alude al Servicio Público de Empleo Estatal y, añade por iniciativa de CiU: “a los servicios públicos de empleos correspondientes de las comunidades autónomas”.

El Partit dels Socialistes respondió a la decisión catalana con más moderación. El presidente del grupo parlamentario del PSC, Joaquim Nadal, explicó que están comparando el dictamen con la reforma definitiva. “Si algún elemento queda tocado, continuaremos con el recurso y si no, no”, zanjó, informa Àngels Piñol.