La juez de los ERE imputa tres delitos al exdelegado de Trabajo en Sevilla

La juez Mercedes Alaya, que investiga las irregularidades en expedientes de regulación de empleo (ERE) tramitados por la Junta de Andalucía -conocido como caso de los ERE- ha imputado tres delitos de prevaricación, malversación de fondos públicos y obtención fraudulenta de ayudas al exdelegado de Trabajo y Seguridad Social de la Junta en Sevilla Juan Rodríguez Cordobés, quien fue incluido como intruso en el ERE de la empresa Calderinox, donde no trabajó. Llegó a cobrar 36.000 euros.

Rodríguez Cordobés, que devolvió recientemente el dinero recibido, ha ratificado su declaración policial y ha dicho que ya no es afiliado al PSOE porque la Junta "no le ha defendido" en este caso, según han informado los letrados que han asistido a la declaración.

El exdelegado ha dicho que conocía al exconsejero de Empleo de la Junta José Antonio Viera, con el que tenía "mucha relación", y que fue su excompañero en Sevilla de la misma Consejería Antonio Rivas quien le dijo que le iban a dar el dinero. La Junta de Andalucía ha pedido para el ex alto cargo una fianza de 12.000 euros, mientras que la fiscalía ha elevado esta suma a 48.000 euros.

Tras Rodríguez Cordobés, estaba citado  Antonio Fernández Garzón, intruso también en el ERE de Calderinox y quien se ha negado a declarar. Para él, todas las acusaciones han coincidido en reclamar 65.000 euros de fianza por responsabilidad civil. Después ha sido citado Luis Llorente Herrero, incluido en el expediente de regulación de empleo de la empresa Aglomerados Morell.

Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil han hecho entrega este martes a la juez de varios atestados sobre el funcionamiento de la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social y sobre distintas empresas, así como atestados complementarios de otras empresas.

El ex delegado Rodríguez Cordobés cesó como director de la escuela de bellas artes Della Robbia en Gelves (Sevilla), pero percibió una indemnización como despido gracias a la cuantía que la Consejería de Empleo destinó al expediente de Calderinox, por lo que la juez le considera un intruso.

Las declaraciones de los intrusos son relevantes para el director general de Trabajo en funciones, Daniel Alberto Rivera, y el ex director general Juan Márquez, ambos imputados. La Guardia Civil les acusa de “dar forma y continuidad a los acuerdos mediante las resoluciones por las que se ordena a Idea el pago de las ayudas”.

Rodríguez Cordobés cobró una indemnización que le correspondía por enfermedad a través del ERE de Calderinox. “Entonces en la escuela [de bellas artes] no había dinero, por eso incluimos a Rodríguez Cordobés en Calderinox”, reconoció en su día un ex alto cargo de Empleo. Al respecto, Márquez alegó que no recordaba la inclusión del exdelegado de la Junta: “Dudo que estuviera. Yo no di ninguna instrucción para incorporarle. Uno firma a diario mil papeles. Mi instrucción fue que se le firmase la indemnización por trabajar en la escuela. No podía verificar la relación de trabajadores de la empresa. Si después han incorporado a gente externa, que lo paguen”.

Mientras, la inclusión en el ERE de Calderinox vino avalada por el sindicato CC OO, que justificó la medida pese a que nunca trabajó en la firma. Fernández Garzón percibió una póliza de 172.669 euros pese a que trabajó en la sociedad Litalsur. “Comprobé que Antonio Fernández no estaba incluido en la póliza e insistí a Juan Márquez para que fuera incluido en la misma”, afirmó Enrique Jiménez, secretario general de la federación de industria de CC OO en su declaración ante la Guardia Civil. “Se acordó entre nuestra organización [CC OO] y la Delegación de Empleo buscar esa solución, para lo que se recabaron los datos y cálculos necesarios, de los que tiene conocimiento la Delegación de Empleo”, rezaba la carta del sindicato.