Baltar adjudica obras a la empresa del cuñado de su interventora

El 4 de enero de 2012, Miguel Fernández Varela desembolsó 3.000 euros y constituyó una sociedad limitada (Vías y Servicios Ourense) dedicada a la gestión de infraestructuras y obras públicas. El 10 de febrero, apenas estrenado en la presidencia de la institución provincial, José Manuel Baltar Blanco firmó la adjudicación a la recién creada empresa —por el procedimiento negociado sin publicidad y un importe de 159.500 euros— de la obra de una carretera en Bande. El adjudicatario es cuñado de la interventora de la Diputación, Mónica Legaspi. Fernández Varela figura como administrador y accionista único de la constructora.

Un mes después de esa primera adjudicación, el 28 de marzo pasado, Vías y Servicios Ourense se hizo con otra obra de la Diputación: la reforma de un edificio propiedad de la institución y anexo al pazo provincial. En este caso, el presupuesto base de licitación fue de 122.235,70 euros.

La obra de la reforma del local de pazo provincial —la conversión de un antiguo comercio de calzado en oficinas— se adjudicó a Vías y Servicios Ourense el 16 de marzo de 2012, según consta en el anuncio de la formalización del contrato en el que se especifica que las ventajas de la oferta adjudicataria con respecto a las demás concursantes fue su “mejor precio ofertado”. Esto es, era la más barata. La misma “ventaja” valorada por la institución provincial para concederle la ejecución de la obra de la carretera de Bande. También en este caso, la empresa del cuñado de la interventora hizo la oferta más barata: 159.500 euros, apenas 272 euros menos que Construcciones y Almacenes Manuel Viso e Hijos. La propuesta de Construcciones Benigno Álvarez, del exalcalde de Maside, del PP, era un poco más elevada: 162.120,50 euros.

Un año antes de que el empresario constituyera su constructora, en enero de 2011, José Luis Baltar estaba en pleno proceso de preparación de la línea sucesoria de la Diputación, con su hijo José Manuel Baltar Blanco fogueado ya durante un año en la presidencia del partido.

En esa época, Mónica Legaspi abandonó su plaza de interventora en el Ayuntamiento de Chantada y desembarcó en la Diputación ourensana. La funcionaria, que ya había dado cursos en la institución provincial —le editó un libro sobre “Contratos en la Administración y su gestión presupuestaria”— fue seleccionada para cubrir la vacante del interventor de los últimos 11 años, José María Baños. Éste, de la más estrecha confianza del exbarón —le dio la presidencia del Club Ourense Baloncesto—, acababa de abandonar sorpresivamente la plaza de alto funcionario, en plena elaboración de los presupuestos de la institución para 2011. Baños decició optar por una plaza como secretario municipal en un pequeño municipio, Azuqueca de Henares, de Guadalajara. Aseguró que se iba por motivos personales.

Nueve meses después de su selección para ocupar la plaza de interventora de la Diputación ourensana, Legaspi alertó de las “sistemáticas” facturas “sin justificar” del organismo, en un momento en el que la Diputación, que no podía afrontar las deudas con sus proveedores, se acogió a una línea del Instituto de Crédito Oficial (ICO). La institución pidió igualmente 2.343.546,98 euros.