La presión de alcaldes de PP y PSOE forzó la moratoria de los derribos

A nadie se le escapa en la Xunta ni en los grupos parlamentarios el escaso recorrido legal que le espera a la moratoria a los derribos de edificaciones ilegales, incluida en la Lei de Vivenda que este martes inició su trámite parlamentario. El informe de la Asesoría Xurídica que acompaña el proyecto del Gobierno gallego alerta del “evidente riesgo” de impugnación ante el Tribunal Constitucional. Pero mientras eso ocurra, o no, los ayuntamientos gallegos dispondrán de un balón de oxígeno en forma de aplazamiento de las demoliciones ordenadas por sentencia firme. Un caramelo demasiado goloso para unos ayuntamientos con las arcas vacías.

La nueva ley obligará a la Administración a indemnizar a los propietarios antes de efectuar los derribos. Se abre así un plazo de un año para tramitar un procedimiento de responsabilidad patrimonial que, de entrada, aplazará todas las sentencias de demolición por licencias declaradas ilegales. Las trabas jurídicas surgen por la interposición de una ley autonómica en la aplicación de fallos judiciales y por la imposibilidad de resarcir un daño antes de que se produzca. Así lo advirtió la Asesoría Xurídica y esos fueron los principales argumentos por los que el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria recurrió un artículo casi idéntico del Gobierno regional ante el Tribunal Constitucional, que lo admitió a trámite.

El decano de los arquitectos acusa a la Xunta de obstaculizar la actuación de la justicia

Pese a las dudas legales y a la trascendencia de la norma, su contenido fue obviado por el conselleiro de Territorio, Agustín Hernández, en su defensa del proyecto legislativo, este martes en el Parlamento, del mismo modo que ni socialistas ni nacionalistas hicieron la más mínima alusión a la misma. La razón hay que buscarla en la presión que hicieron alcaldes de todos los partidos para favorecer la moratoria, que aparece en la disposición adicional sexta. En el caso del PP, el Ayuntamiento de Cangas, presidido por Enrique Sotelo, ya ha anunciado su intención de acogerse a la nueva ley para aplazar el derribo del céntrico edificio Noria 2. En el PSOE, la defensa de la disposición la ha liderado el alcalde de A Guarda, José Manuel Domínguez Freitas. [PASA]<QM>

>En A Guarda, la frenética actividad judicial de un particular provocó la anulación de 21 licencias para construir viviendas unifamiliares en las zonas de Catanga y Loucenzas. Tres de esas residencias llegaron a demolerse. El propio alcalde resultó condenado al pago de una sanción por importe de 1.200 euros al no ejecutar la orden de derribo de una de las casas sentenciadas por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG).

Los alcaldes de Caldas y Vilaboa pidieron al PSOE que apoyara la ley

Domínguez Freitas y el alcalde de Vilaboa, Luis Poceiro, lideraron la petición al PSOE de que se mantenga la disposición adicional sexta, en una reunión celebrada en la sede socialista con los diputados Luis Piña, Carmen Gallego, Luis Toxo e Ismael Rego, a la que asistieron otros regidores y representantes municipales. Ya a finales del pasado año, el PSdeG intentó promover en el Parlamento una proposición no de ley similar, que tumbó el PP con el argumento de que la nueva Lei de Vivenda debe ser la herramienta adecuada.

El decano del Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia, Jorge Duarte, que se opone a la moratoria, tiene una explicación al apoyo de PSdeG y BNG. “En los ayuntamientos gallegos hay alcaldes de todos los partidos”, recuerda. Al menos en las filas socialistas, existe la sospecha del escaso recorrido legal de la polémica medida, pero se asume la conveniencia de defender a sus alcaldes, aunque sea por un corto período de tiempo. De hecho, ni socialistas ni nacionalistas presentarán enmiendas de supresión a la disposición adicional. Lo que intentarán será, por lo tanto, simplemente “matizar” la norma impulsada por Agustín Hernández.

El Colegio de Arquitectos, que elaboró un informe jurídico sobre la moratoria, pidió a la Xunta que la retirara de la Lei de Vivenda, ya que considera que correrá la misma suerte que la de Cantabria: acabar en el Tribunal Constitucional. “Interfiere en la separación de poderes y obstaculiza que los ayuntamientos asuman sus responsabilidades”, critica su decano. Duarte está convencido de que la Xunta solo pretende “una prórroga más y generar un compás de espera para ganar tiempo”. “No es serio que se antepongan los intereses económicos de los ayuntamientos a la justicia”, resume.

Uno de los edificios que podría acogerse al aplazamiento es el de la antigua sede de Fenosa en A Coruña. “Es un parche chapucero para posponer en el tiempo lo que es inevitable: la demolición de un edificio cuya licencia ha sido anulada por la justicia”, sostiene el arquitecto Valentin Souto, que logró que los tribunales declararan ilegal la transformación y ampliación del edificio tras 14 años de litigio, informa Paola Obelleiro. Para Souto, la nueva norma gallega, que tacha de “barbaridad”, no tiene visos de ser aplicable dado, ya que pretende modificar una ley orgánica, la que regula los contenciosos-administrativos. “Y una comunidad autónoma no puede modificarla”, añade.