Asuntos Sociales asumirá las competencias del Defensor del Menor

Arturo Canalda, Defensor del Menor los últimos seis años, compareció como tal por última vez la noche del jueves, pasadas las 22.40, en el Parlamento regional. Tras hacer balance de 2011 en un hemiciclo un tanto desangelado, con muchos diputados más interesados en echarse algo al estómago y finalizar la interminable jornada laboral de los jueves, Canalda abandonó el recinto de madrugada. Tenía las horas contadas. Y tanto. El viernes mismo, a las 12 de la mañana, el Partido Popular presentó en el registro de la Asamblea una proposición de ley de supresión del cargo, tras 16 años de existencia, para su tramitación en lectura única ante el Pleno de la Cámara.

La política de ahorro esgrimida, horas antes de que el Ejecutivo de Esperanza Aguirre reconociera que el déficit se le había ido de la mano y era el doble del previsto, justificó la decisión. “La multiplicidad de instituciones autonómicas supone, en ocasiones, una falta de eficiencia administrativa y unos gastos de difícil justificación. Estas razones de austeridad del gasto y de mayor eficiencia imponen la supresión de esta institución”, recoge el texto. Los costes de mantenimiento de la oficina del Defensor para 2012 eran de 2,7 millones de euros frente a los 2,9 del año anterior.

La desaparición de la institución creada en 1996 “en ningún caso supondrá una merma de los derechos de los menores”, se asegura en el documento, donde se anuncia que la Consejería de Asuntos Sociales, “a través del Instituto el Menor y la Familia, asumirá las competencias” que se atribuían al Defensor del Menor. También se plantea la opción de “acudir” al Defensor del Pueblo estatal.

El futuro de los empleados con que contaba el Defensor del Menor, 25 funcionarios y ocho empleados más entre eventuales e interinos, también se especifica en el texto. Unos afrontarán un futuro claro. Otros, oscuro. Los funcionarios de carrera de Cuerpos Generales de la Asamblea destinados en el Defensor “cesarán en sus puestos actuales mediante remoción por supresión del mismo”. A su vez, los funcionarios de carrera con categoría de especialistas del Defensor del Menor “se transferirán a la estructura de la Comunidad de Madrid”, en concreto al Instituto del Menor y la Familia. El resto del personal “cesará” el día de entrada en vigor de la ley.

Los bienes y los fondos bibliotecarios de los que disponía la oficina del Defensor “quedarán adscritos” a la Asamblea.