Socialistas y PP estrechan el marcaje a Bilbao tras la decisión de la fiscalía

Socialistas y PP pasaron ayer al ataque. Tras la decisión de la fiscalía de archivar la causa contra el vicesecretario general de los socialistas vizcaínos, Melchor Gil, al constatar que no hay indicios de delito en el presunto ingreso irregular de 419.000 euros para hacerse un chalé en Castro Urdiales, el portavoz del PSE en las Juntas vizcaínas, Iñaki Egaña, denunció “la persecución política” del PNV contra el cuñado del lehendakari, Patxi López. Asimismo, consideró que “no hay caso Gil, pero sí hay caso Diputación”. Su homóloga popular, Esther Martínez, exigió “que se depuren responsabilidades” por la filtración a diferentes periódicos de los datos tributarios de Gil.

El dirigente socialista ha presentado una demanda penal contra la institución foral, gobernada por los nacionalistas, por un presunto delito de revelación de secretos. Su expediente tributario, que sumaba 400 folios, fue filtrado en un sobre anónimo a varios medios. La documentación contaba con el sello de salida de los registros forales, por lo que todo apunta a que se extrajo desde un ordenador de la Hacienda.

El diputado general, José Luis Bilbao, anunció el pasado 19 de marzo la apertura de una investigación interna en la institución provincial para esclarecer qué había ocurrido con el expediente de Gil. Pese a que aseguró que los trabajos iban a ser “rápidos”, casi dos meses después continúan desarrollándose. El portavoz foral, Juan María Aburto, dijo anteayer que se ofrecerán “datos” a finales de mes en las Juntas Generales.

Egaña censuró “el interés partidista” del PNV en este asunto. “Si estaban esperando a que se incoara una causa judicial contra Gil para hacer públicas las conclusiones de esa investigación, se han equivocado de estrategia. No hay caso Gil”, enfatizó. Tras reclamar a la Diputación que las averiguaciones sobre la presunta filtración “finalicen de una vez”, criticó “la doble vara de medir” de sus dirigentes, ya que, recordó, se retiraron del caso Ibarra [ex jefe de Inspección de la Hacienda foral, condenado a cuatro años y medio por un delito de falsedad documental], mientras que trataron, sin éxito, de personarse como parte perjudicada en el caso Gil. “Esto es lo que entiende José Luis Bilbao por la defensa de los intereses de Bizkaia”, deploró.

El portavoz de los socialistas vascos, José Antonio Pastor, calificó en una entrevista en ETB la actuación de la Diputación como “un intento por dar recorrido a un caso que no lo tenía”. “He recibido el archivo de la denuncia con tranquilidad y con confianza en la justicia, exactamente igual que cuando estalló”, manifestó.

De su lado, el presidente de los populares vascos, Antonio Basagoiti, dijo alegrarse por Gil, aunque a continuación remarcó que “no todo lo que no es delito es decente”. “No parece ejemplar que se haya comprado un chalé de 800.000 euros con un sueldo que no suma ese dinero”, opinó.

La portavoz popular en las Juntas vizcaínas, Esther Martínez, solicitó que “se depuren responsabilidades” para que un hecho “tan grave” como es hacer públicos los datos fiscales de un vizcaíno no vuelvan a repetirse.

El fiscal superior del País Vasco, Juan Calparsoro, señaló en un acto en Bilbao que Gil pudo cometer una infracción tributaria, pero no un delito contra la Hacienda. Aunque existe la posibilidad de que la Diputación reitere la denuncia ante un juzgado, la posición de la fiscalía en estos hechos “está fijada”.

La fiscal jefe de Bizkaia, Carmen Adán, señala en el decreto que cierra la causa que Gil justificó su incremento patrimonial por préstamos de amigos “que le proponen ayuda para los gastos derivados de la enfermedad de un familiar”. Como finalmente no necesitó el dinero para ese fin, “y con conocimiento de quienes se lo entregaron”, lo destinó a la financiación de la edificación del chalé. Los amigos de Gil corroboraron este argumento.