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La Guardia Civil lleva al juez a 32 imputados por hipotecas falsas

La investigación implica a arquitectos, abogados, tasadores, agentes inmobiliarios, compradores y representantes financieros

Vista aérea de viviendas en la costa de Chiclana en 2008.
Vista aérea de viviendas en la costa de Chiclana en 2008. GARCÍA CORDERO

La crisis inmobiliaria no frena la especulación urbanística en Chiclana (Cádiz). La Guardia Civil ha destapado una trama dedicada a la especulación urbanística en la ciudad gaditana, en la que han sido detenidas seis personas y 32 imputadas por delitos de falsedad documental, contra la ordenación del territorio, estafa y organización criminal. La investigación implica a arquitectos, abogados, tasadores, agentes inmobiliarios, compradores y representantes financieros. Estos últimos falseaban datos hipotecarios para dar facilidades a la compraventa de casas ilegales.

La Guardia Civil actúa tras descubrir que varias empresas del sector inmobiliario se estaban dedicando a comprar fincas en suelos donde el Plan General de Ordenación Urbana no permitía el uso residencial. La intención era dividir esos suelos en varias parcelas para después venderlas por separado. La trama obtenía notas simples para registrarlas, emitía certificados falsos de antigüedad a nombre de testaferros para ocultar los nombres de los verdaderos promotores.

Los arquitectos técnicos de la trama validaban esos certificados. Los notarios validaban después sus escrituras públicas de obra nueva de viviendas que, en realidad, no existían. Así conseguían que las viviendas quedasen en el registro de la propiedad. De ahí salía la nota simple de la casa que querían vender. Esta práctica no es nueva pero esta trama ahora destapada ha tenido que adaptarse a los nuevos tiempos de dificultades y ha hecho un esfuerzo por conseguir que los potenciales compradores tuviesen facilidades económicas para poder obtener el dinero para esta operación. Así los agentes financieros, en connivencia con los promotores, falsificaban documentación sobre la situación económica de los solicitantes, para que pudieran concederles una hipoteca.

Como muchas veces la casa no estaba ni siquiera construida, los tasadores valoraban otras casas. Lo que le llegaba al banco, según la Guardia Civil, eran nóminas de los compradores y tasaciones fraudulentas. Toda la trama había desarrollado sociedades interpuestas para eludir el control del Ayuntamiento y la Junta de Andalucía. De momento, la Guardia Civil ha detenido a seis personas e imputado a 32. Ninguna ha ido a prisión. La investigación la dirige el juzgado número 3 de Chiclana.

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