“Quiero que llegue el día 16”

Una de las abogadas que asisten a los detenidos del 15-M se echa a reír cuando se le cuenta lo que la delegada del Gobierno, Cristina Cifuentes, aseguró ayer: que el movimiento “tiene más infraestructura de lo que parece” y un “soporte económico detrás”. Cifuentes se refería, entre otras cosas, a los abogados, “algunos de ellos de importantes bufetes”. “Obviamente se trata de abogados profesionales, colegiados y ejercientes, pero lo que hacen es ofrecer su tiempo de manera absolutamente altruista”, asegura Javier, portavoz de la comisión de Legal del 15-M. Y no se trata de colaboradores externos, personas ajenas al movimiento, sino de “abogados que participan en las comisiones y en las asambleas y dependiendo de su disponibilidad se apuntan en una lista con la que se reparten las guardias”, añade.

Ayer Cifuentes no precisó quién cree que puede estar organizando o financiando el 15-M. Lo dijo después de dos noches de celebración del aniversario del movimiento en Sol, a desalojo por noche. La actuación de la Policía ha sido “ejemplar”, aseguró a EL PAÍS. “De manual”. Y destaca el hecho de que la plaza se desalojara “sin cargas”. La delegada asegura que la única indicación que ha recibido la Policía estos días es la de “actuar con mucha proporcionalidad y mesura”. La comisión legal del 15-M no está de acuerdo. Ayer tildó de “desproporcionada” —“no medió alteración del orden público alguna”— la actuación en un comunicado.

Cifuentes asegura que estos días apenas tiene tiempo para alimentar su cuenta de Twitter —tiene más de 25.000 seguidores— , pero que además ha evitado entrar para no condicionarse. “Es imposible acertar”, asegura. “Te critican de un lado y de otro”. A los que la critican, sin embargo, los sigue, puesto que lee las cuentas del 15-M y está al tanto de las convocatorias, lo que se cuenta en las asambleas y los reproches a la actuación policial.

El primer desalojo, cerca de las cinco de la madrugada, se debió, asegura, a que se había “sobrepasado con creces el límite horario” y a que “se empezaba a montar alguna tienda de campaña, algún toldo, y existía la posibilidad de que se montara un inicio de acampada”. Precisamente por eso la criticó Esperanza Aguirre la semana pasada, cuando dijo que la delegada había sido “en exceso” generosa con los horarios.

Un particular que no se identificaba como miembro del 15-M solicitó permiso para reunirse en Sol durante los cuatro días que dura el aniversario, y la Delegación permitió un máximo de cinco el sábado y 10 consecutivas entre el 13 y el 15. “No tenemos que opinar todos igual. Yo aplico la ley y nada más. El derecho de manifestación está protegido por la Constitución; más que restringirlo, lo que tengo que hacer es modularlo. Ni soy generosa ni dejo de serlo”, afirma Cifuentes.

La delegada lleva casi cuatro meses en su puesto. Se resiste a admitir que estos días estén siendo los más complicados de gestionar de todo su mandato. “Desde que llegué hemos tenido 856 manifestaciones comunicadas. Ha pasado de todo: una huelga general, partidos de fútbol de alto riesgo... Es como si en lugar de tres meses llevara tres años”. Es consciente, sin embargo, de que todo el mundo está pendiente de lo que ella ordena. Reconoce pasarse el día y buena parte de la noche en la Delegación desde que empezó la celebración del aniversario indignado. “No he dormido prácticamente nada”, asegura, aunque dice estar acostumbrada a pasar con tres o cuatro horas de sueño muchos días laborables. “Es una fecha importante por lo que significa el primer aniversario de un fenómeno como el 15-M, pero no es que esté ultrapreocupada. No lo veo como la prueba de fuego”, añade. Pero admite: “Quiero que llegue el día 16”.

La clave está en la acampada. Son cuatro días seguidos, con sus tres noches. Los indignados rechazaron en asamblea intentar acampar: no hubo consigna. Pese a ello, los agentes han estado muy atentos a la presencia de mochilas y sacos de dormir. En Madrid hay entre 1.500 y 2.000 agentes de la Unidad de Intervención Policial (UIP), conocidos como antidisturbios, estos días, cuando habitualmente hay unos 600.

El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, jefe de Cifuentes, advirtió la semana pasada a los indignados de que las acampadas son “actos ilegales” que no se iban a permitir. “Lo que se trata de evitar, entre otras cosas, es que acampen”, reconoce también Cifuentes. “Hubiera ampliado el horario permitido hasta las doce o la una si me lo hubieran pedido”, asegura. En Tirso de Molina, por ejemplo, estaba autorizado ayer un concierto hasta la medianoche. “No me importa tanto la hora. Hemos sido muy flexibles, a riesgo de que haya gente que piense que no aplicamos la resolución. El objetivo es evitar problemas”, sentencia.