La policía investigará los nuevos indicios sobre financiación irregular de CDC

La policía y Hacienda investigarán los nuevos indicios que han aparecido sobre la presunta financiación irregular de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) a través del Palau de la Música. El titular del juzgado de instrucción número 30 de Barcelona, Josep Maria Pijuan, ha encargado a los agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) del Cuerpo Nacional de Policía y a los peritos de la Agencia Tributaria que analicen las transacciones económicas de dos empresas con el Palau y con la formación nacionalista.

New Letter y Letter Graphic, firmas dedicadas al buzoneo y el alquiler de maquinaria, facturaron a la institución musical 847.055 euros entre 2007 y 2009. El Palau de Fèlix Millet y Jordi Montull pagó por esos trabajos, a pesar de que nunca llegaron a materializarse. Las investigaciones del juez y del fiscal anticorrupción, Emilio Sánchez-Ulled, apuntan a que esas empresas fueron utilizadas como tapadera para hacer llegar el pago de comisiones de Ferrovial a CDC a cambio de la adjudicación de obra pública, como la Ciudad de la Justicia y la línea 9 del metro.

Esos indicios se han visto reforzados ahora con un informe elaborado por el administrador concursal de New Letter y Letter Graphic, que suspendieron pagos hace unos meses. La policía y los peritos deberán analizar con lupa las irregularidades que el administrador ha hecho aflorar sobre las dos empresas, que según el informe organizaron un entramado cuyo “destino final” era pagar a Convergència. Las empresas facturaron a CiU y entidades afines 1,3 millones. Más de la mitad de ese dinero, 775.000 euros, retornó a la federación nacionalita en forma de donaciones.

La policía analizará las facturas a CDC y el pago de donaciones

El informe del administrador concursal, que avanzó este diario el pasado viernes, señala que las empresas cobraron cantidades elevadas a CiU (804.000 euros) y a otras coaliciones electorales y organismos vinculados a ella —Coalició per Europa, Fundación Trias Fargas, Unitat per les Illes y Fundación Fórum Barcelona— bajo el concepto genérico de “varios”. Una de las circunstancias que han llamado la atención a los investigadores es que parte de ese dinero facturado se transfería el mismo día del cobro a la empresa matriz, Mail Rent. Esta, a su vez, lo hacía llegar a CiU en concepto de “donación”.

El informe concluye que las empresas actuaron como “correa de transmisión de los reales donantes”. Los administradores de ambas sociedades sostienen que donaron 775.000 a CiU por el elevado volumen de negocio que les aseguraba la federación nacionalista.

La investigación de la policía y de Hacienda también tratará de esclarecer por qué New Letter y Letter Graphic entregaron a terceros 1,3 millones en efectivo y sin dejar ningún rastro documental. La inexistencia de documentación es un obstáculo evidente para el trabajo de la policía, que ya tuvo que lidiar con la opacidad de los bancos cuando intentaba rastrear el destino final de 18 millones de euros que Millet y Montull cobraron en cheques al portador en distintas entidades bancarias.

Aquella investigación pretendía llegar, a través de las personas que cobraron talones en ventanilla, hasta la presunta financiación irregular de CDC. La policía aseguró en su informe que existen “sospechas” de que hubo pagos al partido, aunque no pudo dar con una pista definitiva. Cuando se cierra una puerta, sin embargo, se abre una ventana. El informe del administrador concursal ha permitido explorar una nueva vía que, según fuentes cercanas al caso, es una base sólida para avanzar.

El juez aguarda un informe sobre las cuentas de la Trias Fargas

Los investigadores pretenden acreditar lo que ya sospechan: que el dinero facturado al Palau sirvió, en realidad, para financiar a CDC. El informe del administrador, sin embargo, abre un mundo nuevo porque, al analizar la contabilidad de New Letter y Letter Graphic, ha puesto de relieve la íntima conexión entre esas empresas y la formación nacionalista. El encargo del juez lo es sobre la totalidad del informe y, en función de los resultados, podría encargar nuevas diligencias.

La pieza política del caso Palau aguarda otras pesquisas que pueden arrojar más luz sobre el asunto. Una de ellas es un informe encargado por el juez sobre las cuentas de la Fundación Ramon Trias Fargas (rebautizada Catdem), que fue, presuntamente, receptora de los pagos a CDC. El juez también está a la espera de recibir un nuevo informe de la Agencia Tributaria sobre el desfalco del Palau. En el primer informe, cifró el expolio en 24 millones. La auditoría de los gestores del Palau elevó esa cifra a 35 millones.