El Gobierno anula el plan de ajuste a 40 municipios catalanes

Cerca de 40 municipios catalanes han visto denegados sus planes de ajuste, que debían ayudarlos a participar en el plan de proveedores del Gobierno central para pagar las facturas pendientes del año pasado. La vicepresidenta catalana, Joana Ortega, tiene previsto reunirse con estos alcaldes para analizar su situación, aunque no les ofrecerá ayudas económicas.

El argumento más repetido por el Estado para tumbar los planes ha sido que los municipios no pueden asegurar ingresos suficientes para devolver el crédito ICO para pagar las facturas. Así le ha sucedido a Sant Feliu de Pallerols (Garrotxa), que pedía 600.000 euros. El Estado pagará sus facturas (y la del resto de 314 municipios españoles que se han quedado sin plan), pero a cambio les retendrá un porcentaje de las transferencias mensuales que envía a los municipios. Para Sant Feliu, la medida es un “escándalo”, porque con los 15.000 euros que reciben del Estado pagan casi todas las nóminas del ayuntamiento.

En cambio, el alcalde de Figaró-Montmany (Vallès Oriental), Lluc Peláez, defiende tener unas cuentas saneadas y asegura que no pueden pagar 1,4 millones de facturas pendientes debido a las deudas de la Generalitat por la Ley de Barrios. El Estado tampoco ha aceptado los planes de ajuste de Pont de Suert, Corbins, la Roca del Vallès, Cunit, Moià, Anglès y Creixell, entre otros.

Caso aparte es Mataró, que no pudo presentar el plan porque el pleno municipal lo vetó. El Ayuntamiento ya ha pagado la mitad de las facturas pendientes, pero quedan seis millones que los asumirá el Estado y después se lo cobrará con dichas retenciones mensuales.

Encuentro sin ayudas

La Generalitat convocará la semana que viene a los municipios afectados para analizar los motivos de la denegación de los planes. Pero el Gobierno advierte de que no les dará ayudas económicas.

Los municipios que han visto aprobados sus planes de ajuste tienen hasta hoy para aprobar la petición del crédito en sus plenos. Entre ellos también están Maials y Cassà de la Selva, que en un primer momento se había informado negativamente sobre sus planes. El alcalde de Cassà, Enric Bagué, apunta a un “error técnico” de los funcionarios del Ministerio, pero en una revisión posterior les ha dado luz verde para pedir un crédito de dos millones.