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La fiscalía investigó en Valencia 200 construcciones ilegales en 2011

El Ministerio Público ve un problema en que los ayuntamientos tengan las competencia de vigilancia urbanística

La Fiscalía de Medio Ambiente abrió en el año 2011 un total de 234 diligencias de investigación, la mayoría de ellas (199) por construcciones ilegales en la provincia de Valencia, según ha avanzado el fiscal coordinador de este área, Joaquín Baños, quién explicó que ese año se registró un descenso del número de diligencias de un 40%. En 2010 se abrieron en la Fiscalía de Medio Ambiente 357 investigaciones frente a las 234 del pasado año.

El fiscal explica este descenso porque en 2010 la Fiscalía procesó toda la información suministrada por los ayuntamientos de Valencia en relación con el oficio que se les envió en 2008 para que denunciaran todas las construcciones ilegales de sus localidades de las que tuvieran conocimiento. “Por eso hubo en 2010 tantas diligencias de oficio”, afirmó en unas declaraciones a Europa Press.

Por el contrario, en 2011 apenas se incoaron diligencias de oficio, porque “casi todo ya estaba hecho”. De las investigaciones abiertas el pasado ejercicio, el 85% correspondían a presuntos delitos contra la ordenación del territorio. El número de ayuntamientos que presentó denuncias se redujo notablemente de 2010 a 2011. Si hace dos años fueron 27 municipios los que acudieron a la oficina del fiscal, el pasado la cifra se redujo a 13. Baños atribuye este descenso al hecho de que los consistorios se lo piensan dos veces antes de denunciar a un vecino que es el que luego vota a los políticos. Los responsables municipales de velar por la disciplina urbanística, según el fiscal, “se encuentran entre la espada y la pared. Que los ayuntamientos tengan competencias en materias tan sensibles, y tienen muchísimas, es un problema y un peligro”. Y pone un ejemplo: “si la licencia para abrir un local le corresponde al Ayuntamiento, a este le interesa que el local esté abierto porque paga impuestos y una licencia de actividad. Y cerrar el establecimiento es enemistarse con gente del pueblo, y cuanto más pequeño es el pueblo, más se nota, es más complicado”, concluye.

Baños señala que los delitos relacionados con la flora y la fauna son irrelevantes en Valencia, puesto que en la provincia no hay osos, linces o muchas especies protegidas. De hecho, en 2011 la Fiscalía tan solo abrió tres diligencias de investigación y tampoco hubo especiales problemas con el maltrato a los animales. El año pasado, a diferencia de lo que ocurrió en 2010, apenas si hubo denuncias por peleas de gallos. El fiscal explica que para que se produzca ese delito “se requiere haber causado la muerte o gravísimas lesiones al animal”. Sorprendentemente, el ministerio público apenas si investigo denuncias por ruidos y vertidos, cuando la contaminación acústica es una de las más frecuentes en las grandes ciudades.

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