Ingeniería financiera en 1950

Tras la sentencia del mes de marzo en la que el Tribunal Supremo daba la razón —por tercera vez— al Ayuntamiento de Barcelona sobre la propiedad del palacio de la calle de Muntaner y la fabulosa colección que Julio Muñoz Ramonet conservaba en él, parecía que el largo litigio por este legado entre la ciudad y las cuatro hijas del industrial había llegabo a su fin, después de casi dos décadas. Pero todavía habrá que esperar un poco más de tiempo.

Las hijas han pedido una aclaración a la Sala de lo Civil del alto tribunal y, además, han recurrido al Tribunal Constitucional contra la sentencia. “Era de esperar; es una táctica para alargar el proceso”, aseguran fuentes del Ayuntamiento, que mantienen que ni una ni otra impedirán la ejecución de la sentencia en el sentido de que la ciudad de Barcelona es la dueña del edificio y de las obras.

Cuando haya respuesta a la aclaración, un juzgado de primera instancia de Barcelona, tendrá 30 días para dar las llaves del inmueble y se podrá entrar en su interior. También será entonces cuando se reclame, según explica el Ayuntamiento, al juzgado de Alcobendas para que se entreguen dos de los cuadros de la colección, un goya y un greco, que tiene retenidos desde mayo de 2011, cuando fueron recuperados por las fuerzas de seguridad del Estado en un piso de Alicante, tras ser denunciada su desaparición en Madrid.

Julio Muñoz Ramonet no adquirió su colección de arte cuando compró la Unión Internacional Algodonera en 1944, sino años después, en 1950, tras una operación a tres bandas con el Ayuntamiento de Barcelona y la Diputación Provincial de Barcelona, heredera de la Generalitat. En la operación, Muñoz supo jugar sus cartas y consiguió no tener que pagar una peseta por las obras.

Julio Muñoz Ramonet amasó una enorme fortuna con sus negocios algodoneros e inmobiliarios en la Barcelona franquista. Dirigía un entramado de más de 30 empresas pantalla que le permitían ocultar sus bienes, que pasaban de una empresa a otra. Parecía que Muñoz Ramonet se encontró, sin saberlo, con una colección de arte cuando compró Unión Industrial Algodonera en 1944. Pero en realidad el industrial la adquirió seis años después, en 1950, con el dinero obtenido del Ayuntamiento de Barcelona, en una jugada a tres bandas en la que también participó la Diputación de Barcelona, después de darle la vuelta a una situación en la Muñoz pasó de deudor a acreedor. Fue una de sus operaciones más brillantes.

En 1934 el conglomerado de empresas que era la Unión Industrial Algodonera, SA (UIASA), no estaba en su mejor momento. El Instituto contra el Paro Forzoso de la Generalitat le concedió préstamos por valor de cuatro millones de pesetas, fijando un interés del 6% y 10 años para devolverlos. A cambio, se ponía como aval la magnífica colección de arte, formada por más de 2.000 piezas (pinturas, antigüedades y material arqueológico), que había sido propiedad de Rómulo Bosch Catarineu, valorada en cuatro millones.

Las cuatro hijas del industrial recurren al Constitucional la sentencia del Supremo

La compra la desencadenó la reclamación, en 1945, de la Diputación Provincial de Barcelona, heredera de la Generalitat tras la Guerra Civil, del descubierto de 6,3 millones de pesetas acumulado por los impagos de UIASA.

En 1946, Muñoz Ramonet, como presidente del Consejo de Administración, contesta, según consta en la documentación a la que ha tenido acceso EL PAÍS, que el préstamo y los intereses no se habían podido devolver “por la desaparición de la entidad acreedora”. Además, reclamaba una compensación por el uso indebido: la exposición en el Museo de Arte de Cataluña de parte de la colección y la pérdida de algunas obras durante la Guerra Civil. Muñoz pedía una comisión que decidiera la cifra de la compensación y nombraba a Joaquim Folch i Torres, jefe de los museos barceloneses retirado, como perito. En julio de 1947, Folch i Torres firma un inventario con 80 obras expuestas en ese momento en el museo.

En una jugada a tres bandas, el industrial pasó de deudor a acreedor

A finales de 1949, tras valorar las obras perdidas y el uso que se les había dado en 3,1 millones de pesetas, se estableció que UIASA tenía que abonar la diferencia con los 6,3 millones que se debían: 3,2 millones. Por tanto, después de 15 años la empresa devolvía el crédito, pero se ahorraba más de 700.000 pesetas.

Pero la jugada maestra de Julio Muñoz no acabó aquí. En enero de 1950 la junta general extraordinaria de UIASA se reúne con un solo punto en el día: vender a Julio Muñoz, que tenía el 99,8% de las acciones, la colección adquirida a Rómulo Bosch. El precio de venta se fijó —no podía ser de otra forma— en cuatro millones de pesetas. En las condiciones se establecía que él sería el encargado de abonar la cantidad pendiente del crédito. Al día siguiente, por carta, Muñoz aceptaba la venta y las condiciones que le imponía su empresa.

El 20 de mayo, se dirige al alcalde de Barcelona, Josep Maria Albert, y tras ponerle en antecedentes de los pagos que ha de realizar su empresa, le explica que la cancelación del crédito “implicaría retirar del museo un número respetable de objetos exhibidos en sus salas”. Por eso le ofrece la venta de 29 obras, cuya descripción enumera en su carta. Las obras, desde luego, tenían un precio de cuatro millones, “pagadero al contado y de una sola vez”.

Según Muñoz, el pago se tenía que efectuar antes del 15 de junio, por que en esa fecha se cumplía “el plazo para pagar los intereses de los cuatro millones que su empresa debía al Instituto contra el Paro Forzoso”. Estaba claro que Muñoz ocultaba los cálculos ya realizados para pagar el crédito y que estaba vinculando las dos operaciones.

El mismo día 15, sin duda para presionar, envió al Consistorio una carta en la que aseguraba que tras la compra regalaría dos obras excepcionales de Lluís Borrassà y de Pere Serra de los siglos XIV y XV. Ese mismo día, el pleno municipal acordó la compra y sus condiciones.

No es de extrañar que Muñoz Ramonet designara a Barcelona heredera de su imponente colección. En cierto modo, el Ayuntamiento le había dado el dinero para adquirirla, algo que lo legitima para reclamarla.