Un concurso público de 2.300 millones

El sector aguanta la respiración. Se juegan mucho. Las empresas de tecnologías de la información y la comunicación (TIC) ultiman la fase de diálogo con la Generalitat, que dentro de unas semanas sacará a concurso entre 40 y 50 contratos correspondientes al nuevo modelo de TIC de la Administración catalana. Nada menos que 2.300 millones de euros en contratos de entre 4 y 10 años de duración; empleos directos para unas 2.000 personas, según la propia Generalitat.

En conjunto, los lotes a concurso darán servicio a los 230.000 empleados de los departamentos y empresas públicas, y a toda la atención externa que prestan: desde la tramitación de subvenciones y becas, a la recaudación de tributos, la gestión del tráfico y las oficinas de atención ciudadana. Este concurso es el de mayor importe jamás licitado por la Administración catalana, a exepción del de la línea 9 del metro.

El proceso habrá durado más de medio año. Se presentó al sector en octubre y desde entonces se ha celebrado la fase de “diálogos competitivos”. Es un sistema —conversaciones entre las empresas y la administración para que unos den a conocer qué ofrecen y los otros qué necesitan—, que utilizan las instituciones europeas y al que se suele recurrir en caso de contratos muy complejos, como es el caso.

La idea de fondo de la Generalitat es agrupar y centralizar los miles de contratos de servicios que hay ahora. Los 3.000 contratos actuales quedarán en entre 40 y 50, pertenecientes a cuatro grandes bloques: las telecomunicaciones, las aplicaciones, los puestos de trabajo y atención a los usuarios, y los servidores. El ahorro es otro de los objetivos del proyecto: centralizando las compras, la Generalitat pretende ahorrar unos 200 millones anuales.

Hay 34 candidaturas a repartirse el pastel, entre empresas y consorcios. Están las grandes (Indra, Telefónica, Informática de El Corte Inglés, T-Systems, IBM, Siemens, Accenture, Fujitsu, Ricoh (estas dos acaban de abrir centros en Barcelona) y también las pequeñas (Aventia, Opentrends, Seidor, Nextret, Castinfo, Idgroup…), empujadas a constituir uniones temporales de empresas (UTE) para ganar músculo y no quedar fuera.

El pasado jueves, el concurso monopolizó las conversaciones en los corrillos de la Festibity, la fiesta de la Facultad de Informática que cada año reúne al sector. Aseguran varias fuentes que los representantes de las grandes compañías estaban visiblemente más tranquilos que los de las pequeñas. En cualquier caso, la expectación es máxima.

También entre los responsables de la informática dentro de la Generalitat, los profesionales del CTTI, el Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información. Ellos no se juegan ganar o perder el contrato: suspiran para que la movida que supondrá el cambio de proveedor salga bien. Como no sea así, la que se puede liar será monumental. Lo dicho: decenas de miles de cuentas de correos, webs, servidores, sistemas de gestión interna, decenas de miles de líneas de teléfono… y toda la atención ciudadana. El 30 de junio entrarán los nuevos proveedores y en un año tiene que estar todo normalizado.

Muchos de estos profesionales de la Generalitat asisten a la tercera transición informática de la administración catalana: vivieron en los noventa, con CiU en el Gobierno, la externalización de la informática, cuando el pastel se lo llevó T-Systems, y luego, en 2005, tras la llegada del Gobierno tripartito, un nuevo troceo de servicios y contratos. Los actuales contratos vencen en junio, y si han finalizado, están prorrogados.

El CTTI es el cerebro que lidera toda la operación, explica el director general de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información, Carles Flamerich. La resume así: “Le hemos dicho al mercado que queremos lo mismo gastando menos”. Flamerich asegura que el proceso ha sido ejemplar. “El sector ha hecho un trabajo impresionante”, asegura, y celebra especialmente la respuesta de las pymes. “Corríamos el riesgo de matar a las pequeñas, pero se han aliado para competir con los grandes en cifra de negocio, capacidad financiera y proyectos. El trabajo que han hecho es tan espectacular que daría para escribirlo en un libro”, asegura.

Otro de los riesgos de los que ha alertado el sector es que los grandes contratos alejen a los usuarios de los responsables de los servicios y se pierda calidad. Flamerich lo desmiente y argumenta que para evitarlo “se ha trabajado con la gente de los departamentos”. Ante la envergadura de los contratos, se prevén, además, mecanismos para supervisar la subcontratación.

Tal como está la caja de la Generalitat, ¿corren también el riesgo de adjudicar a quien ofrezca el precio más bajo? “No”, asegura Flamerich, “se adjudicará por precio, por proyecto industrial y por tecnología”. Sobre el futuro del propio CTTI, admite que de sus 330 empleados, todos ellos laborales, un centenar pueden pasar, mediante subrogaciones, a trabajar para las empresas adjudicatarias.

Con tantas cartas sobre la mesa, resulta imposible encontrar a una empresa que explique con nombre y apellido cómo observa el proceso. A falta de una patronal, el presidente del CTecno y exdirectivo de T-Systems, Ginés Alarcón, celebra un proceso que califica de “ejemplar”.