Las prostitutas terminan pagando

Se han cumplido las predicciones y las prostitutas, el eslabón más débil de la cadena, se han convertido en las más perjudicadas por la Ordenanza de convivencia de Málaga que prohíbe ofrecer o solicitar relaciones sexuales a menos de 200 metros de zonas empresariales o residenciales. En lo que va de año, el Ayuntamiento malagueño (PP) ha multado cinco veces más a las personas que ejercen la prostitución en la calle que a los clientes. La proporción es muy similar a la registrada en Granada, la primera capital andaluza en la que se puso en marcha este tipo de normativas para aplacar las quejas vecinales, informa Valme Cortés.

El concejal de Seguridad de Málaga, Julio Andrade, asegura que es mucho más sencillo para los policías locales identificar a quienes ejercen la prostitución en la vía pública —sobre todo mujeres— porque suelen ser siempre las mismas. En el caso de los clientes se hace más complicado. “No todo el mundo que para es para solicitar un servicio sexual, el agente ha de tenerlo muy claro”, considera.

Con todo, Andrade incide en que se está sancionando cada vez a más clientes. Desde enero, la Policía Local ha levantado 39 actas por solicitar servicios sexuales en la calle y 202 por ofrecerlos. Aunque la ordenanza entró en vigor hace más de un año, hasta ahora, no se habían discriminado las sanciones de esta forma.

El edil de Seguridad dice que es más sencillo identificar a las meretrices que a los clientes

La ordenanza se presentó con el objetivo de “reducir el impacto” la prostitución en el centro y en los polígonos. “Se han reducido de forma notable, sobre todo de día, pero no han desparecido”, mantiene Andrade. El primer chaparrón de multas hizo que los colectivos afectados intentaran pactar una zona neutral, en la que poder ejercer sin enfrentarse a sanciones de 700 euros, pero el lugar propuesto no convence. “Se utiliza, pero no masivamente”, reconoce el edil.

A las asociaciones y colectivos que prestan asistencia médica y legal a las meretrices no les gusta el lugar, situado entre la trasera de dos desguaces y el lecho del río Guadalhorce, porque las invisibiliza y quedan expuestas a mayores riesgos. El Consistorio lo adecentó e iluminó y se comprometió a no entrar para multarlas, sino para protegerlas. Solo les queda esperar para ver si la propuesta termina cuajando.

La asociación Mujer Emancipada, centrada en atender al colectivo que ejerce la prostitución en las calles de Málaga, ha puesto en marcha un servicio de asistencia legal gratuito que está recurriendo con éxito estas sanciones. En la iniciativa colaboran abogados de la comisión de Derechos Humanos del Colegio de Abogados malagueño. Ya han tramitado en torno a media docena de casos.

La última tendencia es denunciarlas por desobediencia, igual que a los gorrillas

La Policía Local denuncia a las prostitutas principalmente por ofrecer relaciones sexuales a menos de 200 metros de una zona residencial o empresarial, o por hacer hogueras, algo más frecuente en invierno. “Hasta el momento, el Ayuntamiento ha aceptado las alegaciones en los dos únicos casos que nos han notificado”, explica Manuel Cervantes, uno de los letrados.

En sus escritos, las afectadas suelen alegar que las denuncias no están suficientemente motivadas porque no especifican las circunstancias concretas de la sanción, ni en qué medida su comportamiento ha afectado negativamente a la convivencia ciudadana. Esta circunstancia, aseguran, les impide defenderse, por lo que se infringiría el artículo 24 de la Constitución. También recuerdan que la actividad que realizan es lícita, ya que no está tipificada en el Código Penal, por lo que criminalizar su conducta “por el mero hecho de practicarse en el espacio público” también vulneraría el artículo 25 de la Carta Magna.

En los últimos meses, las afectadas han detectado otra tendencia policial, que es sancionarlas por desobediencia, tal y como se hace con las mujeres que ofrecen claveles en el centro histórico o los aparcacoches ilegales. Los policías les informan de que están incumpliendo una ordenanza y les piden que dejen de estar en ese lugar. Si persisten, las denuncian. En este caso, no sólo se enfrentan a una sanción administrativa, también a una falta. “Las citan en el juzgado y eso las amedrenta”, cuenta Juan José Calderón, de Mujer Emancipada. “Son los mecanismos que nos quedan”, se justifica el concejal de Seguridad.