Una madre y dos angustias

La respuesta está 23 cuerpos más abajo. Una madre de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) cree que en 1977 su hijo, que había nacido prematuro, fue robado del Hospital Puerta del Mar de Cádiz, entonces Residencia Zamacola. Los médicos le dijeron que había muerto. Fue supuestamente enterrado en el cementerio de San José de la capital gaditana. Esa fosa ha empezado a abrirse para descubrir cuál es la verdad. Su caso es especialmente dramático. Porque cuando se cierre esa fosa, la misma familia abrirá otra. La de un niño nacido en 1982. Cinco años después le ocurrió lo mismo. Los médicos dieron por muerto el bebé. Su madre cree que también lo robaron.

El titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Cádiz ha apreciado delito en la denuncia de esta familia y ha autorizado las primeras exhumaciones que se producen en el cementerio de Cádiz. “Al niño lo robaron. Nació prematuro en Sanlúcar. Se lo llevaron a la capital porque no había nidos suficientes y cuando mi padre preguntó por él ya había muerto”, explicó ayer Isabel González, quien aspira a saber qué ha pasado con su primer hermano. “Son momentos muy duros”, advierte casi disculpando la ausencia de su madre en esta exhumación. Dentro de 15 días su familia volverá a enfrentarse a similar trance, cuando empiece a excavarse la segunda fosa, en la que supuestamente fue enterrado el niño nacido en 1982. En este caso, el niño nació en una clínica de Cádiz pero, al ser trasladado al Hospital Puerta del Mar, o bien murió, según la versión médica, o bien fue robado, según creen los denunciantes.

La exhumación se ha hecho bajo una carpa para respetar la intimidad y el dolor del momento. “El proceso puede tardar tres días. Se hace muy lento porque es una sepultura común. Las cajas están una encima de la otra y hay que llegar hasta la número 17, ya que se cuenta desde abajo”, detalló el abogado de la asociación SOS Bebés Robados, Martín de la Herrán.

Al Ayuntamiento de Cádiz le han llegado más de 200 solicitudes de exhumaciones por casos similares. El colectivo y el Consistorio han acordado que solo se ejecutarán las que tengan orden judicial. “Es una manera de garantizar la legalidad y de que estas pruebas tengan fuerza jurídica”, justificó Ignacio Romaní, concejal y presidente de la empresa del cementerio. En el proceso están participando los arqueólogos municipales.

Las denuncias más habituales en Cádiz se centran en el hoy hospital Puerta del Mar, todavía en servicio, y el Mora, ya cerrado. La delegación provincial de Salud asegura que ya se ha facilitado información a los juzgados que así lo han pedido. La espera a partir de ahora será angustiosa. Lo saben bien Dolores Ramírez y José Acosta, un matrimonio de San Fernando que ya exhumó en noviembre los restos de la tumba de su hijo. Las pruebas de ADN las debe ejecutar el Estado. Les han dicho que no estarán hasta, como mínimo, tres meses. Han acudido a esta nueva exhumación. "Queríamos acompañar a la familia y decirles que tengan paciencia", explicaron.