Colapso crónico de los registros civiles

Lleva 15 años viviendo con su pareja. Empezó los trámites para casarse por lo civil en Leganés, pero al mudarse a Getafe tuvo que comenzar de nuevo. Primero se enteró de que había cola solo para informarse. Cuando la hizo, no logró uno de los 20 números disponibles. A su avanzada edad, debía ir en bicicleta o molestar a sus hijos. Al final, renunció a la boda. El de este vecino de Getafe es un ejemplo de las consecuencias del colapso crónico en la mayoría de los registros civiles madrileños, que acumulan años de retrasos cuando faltan dos para que entre en vigor una ley que modernizará su gestión. El Gobierno regional atribuye la responsabilidad a la organización judicial, cuya planificación no le corresponde, mientras que el Ministerio de Justicia indica que la contratación de funcionarios depende de la Comunidad.

En la comunidad hay 21 registros civiles, uno por cada partido judicial (unidades en que se divide la administración de justicia). Salvo en la capital, donde está el Registro Civil Único –que también tuvo problemas de colapso, hasta que se reforzó la plantilla en octubre de 2010- están adscritos a juzgados de primera instancia. Los problemas se agudizan en las zonas con más incremento de población inmigrante.

Es el caso de Torrejón de Ardoz, donde las nacionalizaciones han aumentado un 500% en la última década, pero la plantilla (cuatro funcionarios) no se ha modificado, según Natalia Velilla, jueza encargada del registro. Ante las continuas quejas, la magistrada ha redactado un informe sobre la saturación y falta de medios de esta oficina, en el que explica que los trabajadores deben soportar diariamente “insultos, vejaciones, amenazas e intentos de agresión” y que han tomado medidas extraordinarias, como dedicar el mes de abril en exclusiva a los juramentos de nacionalidad.

Graves problemas

“Tenemos constancia de que hay graves problemas en Alcalá de Henares, Fuenlabrada, Torrejón de Ardoz, Getafe, Majadahonda, Valdemoro, Navalcarnero y Collado Villalba”, explica Jesús Triguero, del sector de Justicia de CC OO Madrid. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid admite el problema y afirma que se ha trasladado al Ejecutivo autonómico la necesidad de contratar más personal. También CC OO reclama un aumento de la plantilla, que sitúa en 97 funcionarios, exceptuando el de la capital: “Desde que la Comunidad se hizo cargo de las competencias, hace más de ocho años, solo ha contratado a 10 personas y consolidado 27 plazas, frente al aumento del 150% del trabajo”.

Desde la Consejería de Presidencia y Justicia cifran en 268 los funcionarios vinculados a los registros, incluyendo el de la capital, y niegan tener capacidad para variar ese número. La consejera Regina Plañiol explicó el pasado jueves en la Asamblea que la organización de los registros “depende de los jueces y magistrados” y el Gobierno regional “únicamente es competente en la dotación de medios materiales e informáticos y la supervisión de los medios personales”, informa José Marcos. Plañiol achacó “el problema, tanto de los registros como de otros ámbitos de la Justicia”, al “escaso número de jueces” en relación con la población de Madrid y aseguró que el Gobierno regional ha adoptado medidas para minimizar la carga de trabajo de los registros, como “nuevos puestos de funcionarios, refuerzos administrativos, control horario de la jornada o el desarrollo del gestor de turnos”.

“Debemos proporcionar los medios técnicos y humanos, pero no podemos decidir sobre la cuantía y distribución de la plantilla”, recalca una portavoz de la Consejería de Justicia. Desde el Ministerio de Justicia precisan, sin embargo, que son las comunidades con las competencias en administración de justicia transferidas, como la madrileña, las que deciden sobre la convocatoria de plazas. “Los Gobiernos autonómicos marcan la cifra, que luego se incluye en la oferta pública del ministerio”, detalla Triguero, de CC OO, que añade que “en todo caso, la Comunidad puede contratar personal de refuerzo para los registros con más problemas”.

"Una excusa mala"

En su intervención en la Asamblea, Plañiol citó la reforma del registro civil, que mejorará la gestión al desjudicializarlos y crear un registro único, informatizado y accesible electrónicamente. Para agilizar los trámites, por ejemplo, los hospitales se encargarán de registrar los nacimientos y las defunciones. Pero hasta que entre en vigor, en 2014, es inevitable sospechar que las administraciones prefieren mirar hacia otro lado. “Eso sería una excusa mala, porque falta mucho tiempo en el que la gente necesita hacer trámites”, señala el representante de CC OO.

Gente que sigue llenando colas como las habituales a las puertas de registros como el de Torrejón de Ardoz. “Llegué a medianoche para guardar el puesto a mi mujer”, explica en una mañana lluviosa un marroquí de unos 50 años, líder de una fila a la que dice estar acostumbrado por llevar cinco años con trámites de nacionalidad. O gente que hasta renuncia a casarse, como el vecino de Getafe que trasladó su caso a José Luis Morato, concejal de UPyD que ha promovido una proposición del Ayuntamiento para instar al Gobierno regional a reforzar la plantilla, habilitar un sistema de cita previa y homogeneizar el funcionamiento de los registros. Su partido ha solicitado información sobre este tema en la Asamblea, pero la consejera ya descartó el jueves, respondiendo a un diputado del PP, cualquier acción de la Comunidad que, según dijo, “queda al margen de cualquier organización que se establezca en los registros” por quedar “bajo el ámbito de los jueces y magistrados responsables”.