Vuelta a fórmulas “caciquiles”
La portavoz del BNG va más allá y censura el modelo de gestión elegido para el centro
Los grupos de la oposición llevarán al Parlamento lo que juzgan como un “escándalo” y un ejemplo de la “deriva de la Xunta” hacia modelos “caciquiles”. “Feijóo incluso está superando a Fraga en prácticas fraudulentas”, opina la nacionalista Ana Pontón, e interpreta el caso del parque de Campo Lameiro como una vuelta “a los contratos a dedo para los familiares del PP”. Así, sin entrar en si la subrogación en favor de Espiral Xestión Cultural cumple la ley, cuestiona que desde un punto de vista ético y político “sea defendible y tolerable”.
La portavoz del BNG va más allá y censura el modelo de gestión elegido para el centro, explotado por una empresa privada. En este sentido, cree que el patrimonio ha de estar controlado por el Gobierno autónomo, para no perder “capacidad” a la hora de decidir la dirección de los proyectos culturales. “[Lo ocurrido con el parque] demuestra que la privatización solo sirve para que por la puerta de atrás se violen los principios de igualdad, mérito y capacidad; y para satisfacer intereses partidistas e ideológicos”, expone.
Así, sus iniciativas parlamentarias también incidirán en la situación de la Rede Galega do Patrimonio Arqueolóxico (RGPA) y en cómo debe de gestionarse. Apunta que este proyecto debería servir para una “mayor profundización” en el conocimiento del patrimonio, y como elemento de atracción turística. Una red “tan importante”, razona, tiene que valer para “algo más” que acoger visitas escolares. Añade que, en todo caso, “no es de recibo” que se ceda la explotación a una compañía creada ad hoc y sin concurso público, ya que se cierra el paso a otras posibles interesadas.
En esta misma línea se expresa la socialista María José Caride, que además considera “irregular” y “una aberración” la cesión del contrato. “Hay que hacer un nuevo concurso público”, afirma, y reprocha a la consellería que haya subrogado el contrato “a dedo” a una empresa con un capital social, que asciende a 3.000 euros, “irrisorio”. Ha presentado una larga batería de iniciativas en la Cámara para tratar de esclarecer todo el procedimiento administrativo, y si Espiral se favoreció de “información privilegiada” para hacerse con el control del parque.
En cualquier caso, Caride evalúa el caso como una demostración de que el discurso del candidato Feijóo sobre la transparencia y la regeneración democrática “eran palabras vacías”. “Le gusta mucho hacer grandes anuncios para luego interpretar la ley a su libre albedrío”, sentencia después de recordar otras polémicas producidas a lo largo de la legislatura, como el perdón de una multa a Telmo Martín —exalcaldable en Pontevedra y hoy diputado en el Congreso— por una irregularidad urbanística.
Conocedor de los pasos que hicieron posible la forma actual de la RGPA, José Carlos Bermejo, catedrático de Historia Antiga, se pregunta cómo fue posible que alguien creyese que cuatro macrocentros de investigación y enseñanza arqueológica se pudiesen financiar “cobrando entradas a los turistas”. El consenso, a finales de los noventa, fue “general entre los tres partidos”, afirma. “En la idea de que la cultura sólo vale porque crea riqueza, y que esa riqueza es exportable y atrae visitantes”. “Y eso valió para el Xacobeo, la Rede y la Cidade da Cultura”. Era en el Gaiás, en teoría, desde donde Pérez Varela prometía, entrado el siglo XXI, “interconectar” los macrocentros para la investigación en patrimonio.
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