El Estado tumba el plan de proveedores a cinco municipios catalanes

El Gobierno central ha tumbado el plan de ajuste a cinco municipios catalanes. Este plan debía abrir las puertas a los Ayuntamientos a acceder a créditos bancarios para pagar las montañas de facturas pendientes desde el año pasado. De momento Moià, Cunit, Creixell, Anglès y Cassà de la Selva han reconocido el revés a la Generalitat, y el Ministerio de Hacienda no facilita el número total de municipios afectados.

La decisión del Gobierno no se podrá recurrir, pero fuentes ministeriales aseguran que los proveedores no se quedarán colgados y sus facturas se abonarán en el plazo previsto. Eso sí, las pagará el Estado. Como contraprestación, el Gobierno se cobrará este importe avanzado descontando un porcentaje de las transferencias mensuales que envía a los Ayuntamientos. Y lo hará con intereses. Detalles como el porcentaje de retención de las mensualidades y los años que durará esta devolución se conocerán en una orden ministerial que se podría aprobar la semana que viene.

El contratiempo es especialmente delicado para Moià (Bages), que se declaró en quiebra técnica. Su alcalde, Dionís Guiteras, comprende que no le hayan aprobado el plan “por la situación excepcional” del municipio, pero reclama al Estado que se siente con los municipios para darles una solución. Guiteras, que pidió 7,9 millones para pagar facturas, no ve claro las retenciones de las transferencias mensuales, ya que según el porcentaje que se marque se puede dar el caso que el descuento sea superior a la mensualidad, que es de 75.000 euros.

La situación económica de Cunit (Baix Penedès) tampoco es holgada: tiene una deuda de 42 millones, de los cuales 16 millones son en facturas pendientes. La alcaldesa, Montserrat Carreras, ve “incierto” el futuro de su localidad y se mostró reacia a tener que subir impuestos a la vez que se reducen servicios, informa Mercè Pérez.

El Estado tampoco ha aceptado los planes de Anglès (Selva), que había pedido 1,7 millones, de Cassà de la Selva (2 millones) ni el de Creixell (6,9 millones). El alcalde de este último municipio, Jordi Llopart, ya reconoció hace unas semanas que era “insostenible” tener que devolver 116.000 euros mensuales cuando el Estado les transfiere 42.000 euros. La Generalitat se reunirá con los municipios afectados en los próximos días.