Rosado insiste en que la Generalitat no privatizará la asistencia sanitaria
CC OO considera que “abre una puerta que no teníamos abierta a la privatización del sistema"
El consejero de Sanidad, Luis Rosado, insistió el miércoles en limitar el alcance privatizador del nuevo modelo sanitario que la Generalitat pondrá en marcha a partir de 2013. Rosado indicó que la cesión de parcelas a operadores privados se ceñirá a la órbita de la prestación no asistencial y de aquellas actividades ya externalizadas, que se concentrarán en cada departamento bajo la gestión de un operador privado. “Ni se privatizará ningún servicio asistencial ni los operadores podrán contratar a personal sanitario”, expuso.
Rosado quiso salir así al paso de la confusión creada sobre las consecuencias que tendrá el nuevo sistema en la prestación sanitaria, unas dudas que se han alimentado desde el mismo Consell. El propio vicepresidente de la Generalitat, José Ciscar, en la presentación de esta nueva fórmula —bautizada como “modelo sanitario de gestión compartida”— apuntó que la empresa gestora podría incentivar a los profesionales o contratar médicos.
Modelo de gestión compartida
El consejero de Sanidad explicó el miércoles algunos de los aspectos del nuevo modelo.
El personal estatutario seguirá siendo el responsable de la actividad sanitaria y se mantendrá su plantilla (fija e interina). Dependerán de la consejería a través del director asistencial, que gestionará los departamentos de salud de forma colegiada con el director económico de la gestora.
La empresa gestora no podrá contratar personal sanitario ni podrá usar las instalaciones para actividades distintas a las fijadas en el contrato (las no asistenciales).
No se externalizarán ni los laboratorios, ni la radiología, ni la farmacia hospitalaria, solo aspectos logísticos como la compra y el almacén.
Los contratos de las actividades ya externalizadas se subrrogarán al operador.
También desde la Consejería de Economía, que ha tenido un importante papel en el esbozo del modelo, se ha trasladado la idea de que en la gestión compartida derivada del modelo —una dirección económica en manos privadas y otra asistencial bajo control público—, el peso fundamental recaerá sobre la gestora. Incluso las empresas potencialmente beneficiarias de la nueva organización de la red sanitaria aspiran a que la Generalitat abra la mano y aumente el número de servicios que queden bajo el paraguas del sector privado.
El discurso de Rosado fue el miércoles en dirección contraria. El consejero, en una rueda de prensa que ofreció en el hospital de Manises, puso un empeño especial en definir los límites de actuación de las empresas en relación con la actividad asistencial.
Uno de ellos tiene que ver con la capacidad de incentivar a los profesionales. Ni siquiera las concesiones administrativas —las empresas que gestionan los departamentos controlados bajo el modelo Alzira— tienen la posibilidad de promover, por ejemplo, la prescripción de medicamentos genéricos en los trabajadores estatutarios (funcionarios) de los centros de salud heredados de la Consejería de Sanidad. Tampoco lo podrán hacer las gestoras de forma directa. Pero si indirectamente, como ayer comentó el consejero. Los incentivos que establezcan los operadores serán “siempre canalizados” a través de la dirección asistencial (pública) mediante los sistemas vigentes. Ya sea la productividad variable (que ya se aplica, aunque es apenas el 5% del sueldo) o nuevos, como el concepto de evaluación del desempeño, recogidos en el estatuto básico del empleado público.
Otra cuestión en la que incidió Rosado es que el operador externo no podrá contratar a personal sanitario “ya que esta función [la prestación asistencial] no forma parte del contrato”. Sin embargo, sí habló de la posibilidad de que funcionarios que no desempeñan labores sanitarias (un médico que desempeñe funciones logísticas) puedan recibir ofertas de la gestora para convertirse en personal laboral propio.
El consejero también se refirió a los motivos que han originado el cambio de modelo, del que se espera que sirva para ahorrar un 15% del gasto de los servicios a los que afecta. ¿Por qué reprivatizar, agrupando bajo un único paraguas, unos servicios que ya estaban privatizados? ¿No supone asumir la mala gestión y la incapacidad de la administración de controlar el gasto? “No es que en estos últimos 17 años [bajo el gobierno del PP] se haya gestionado mal, sino que las cosas están cambiando”, respondió Rosado. Es un “cambio de ciclo” que “todas las Administraciones” están aplicando para “garantizar la sostenibilidad del sistema”.
Minutos después de la rueda de prensa, el consejero se reunió con la mesa sectorial, donde presentó la medida a los sindicatos. “El modelo genera riesgos, si no de presente, sí a medio o largo plazo”, explicó Arturo León, responsable de sanidad en CC OO, a este diario tras conocer los argumentos de Rosado. “Abre una puerta que no teníamos abierta a la privatización del sistema. Quizás en un primer momento, se respete la prestación asistencial y quede al margen de la empresa gestora, pero los operadores querrán más por su propia naturaleza”. Por ello, indicó que se mantendrán “muy pendientes” del diseño final del modelo.
