La gestión privada de la sanidad se extenderá al área asistencial

El mismo día y en el mismo acto en que anunció un mayor protagonismo del sector privado en la sanidad pública, el vicepresidente del Consell, José Ciscar, estableció las líneas rojas de ese nuevo modelo: el área asistencial quedará en manos de la Administración pública. Sin embargo, fuentes de una consultora madrileña próxima al diseño del proyecto indican que la intención que subyace en este cambio es abrir también las puertas de la parte asistencial al sector privado. “Todo esto”, aseguraron a EL PAÍS, “no se hace para ahorrar en seguridad, limpieza, cocina o lavandería, que también, sino para abordar cuestiones de más calado como la medicina ambulatoria o las prótesis, con gastos crecientes todos los años”, explica.

Un aspecto clave consiste en introducir controles en la prescripción de medicamentos, una cuestión que entra de lleno en la parcela sanitaria. “Se trataría de incentivar la prescripción de genéricos, por ejemplo”, añade la misma fuente. Para ello, sin embargo, los facultativos deberían tener contratos laborales, ya que las empresas no pueden incentivar a los trabajadores estatutarios (funcionarios). De ahí la alusión del vicepresidente de la Generalitat, José Ciscar a la posibilidad de que el gestor privado pudiera contratar a personal sanitario, que sí estaría directamente bajo su control.

Las líneas rojas que no deberían superarse en ningún caso establecían que el área asistencial quedaba reservada para la Consejería de Sanidad y fuera del alcance de las empresas privadas. El nuevo modelo establece que este sector controlará desde la limpieza o el servicio de comidas a la logística o el transporte sanitario no urgente. En cada departamento de salud una empresa concentrará tanto los servicios ya externalizados, como otros que se puedan privatizar; todos en un mismo paquete.

“Poco a poco se irá dando cada vez más peso al sector privado”, añaden desde la consultora que ha participado en el boceto del modelo. Un ejemplo de ello, señalan, será el funcionamiento de los hospitales pequeños. “En los centros más grandes, como el hospital La Fe de Valencia, se tendrá que ser más comedido, pero en centros comarcales más pequeños, el peso del gestor privado en la parte asistencial será más fuerte”, explica el portavoz. De hecho, desde el Gobierno valenciano, se apunta que en la toma de decisiones finales pesará más en la organización interna de los centros los representantes de la empresa privada.

Cómo se arbitrará la coordinación entre la dirección médica (pública) y la económica (privada) o qué nuevas prestaciones se podrán añadir al paquete de servicios controlados por el sector privado, están aún por definir. Entre estas nuevas parcelas transferidas a la concesionaria podrían estar los servicios de laboratorio, los servicios centrales de los departamentos de salud (que concentran la tarea administrativa) o incluso las centralitas y los servicios de atención telefónica (los llamados call-centers). De hecho, desde la Consejería de Sanidad insisten en que quedan aún muchos flecos por cerrar del diseño del modelo que finalmente se aplicará y que entrará en funcionamiento en enero del año que viene.

La estructura definitiva se perfilará a lo largo del proceso que se abrirá entre la Administración sanitaria valenciana y las principales empresas interesadas en participar en la licitación a través de la fórmula del diálogo competitivo. Este tipo de procedimiento, diseñado para contratos especialmente complejos, permite determinar el objeto exacto del contrato a partir de las aportaciones de las compañías interesadas en conjunción con los intereses de la Consejería de Sanidad. Entre todas las partes se establece el modelo final que sirve de base a los pliegos del concurso. Es entonces, cuando se invita a las empresas a presentar su oferta final.

Fuentes sanitarias comentan que en la Comunidad Valenciana aún no se ha empleado esta fórmula en el área sanitaria. Otras Administraciones sí lo han hecho ya, como es el caso de la consejería de Sanidad de Murcia. El Gobierno de esta región recurrió a esta modalidad para adjudicar el concurso de dotación, renovación y mantenimiento del equipamiento clínico de los hospitales Cartagena y Mar Menor por 132 millones de euros en 2010.

Otro de los motivos por los que no se ha acabado de cerrar el modelo se explica por la precipitación con la que se ha presentado la medida. Se llevaba trabajando en ella desde, al menos, el pasado mes de enero, según fuentes conocedoras de las negociaciones. Pero todo se precipita con el anuncio del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, del pasado 9 de abril de recortar 10.000 millones de euros en las partidas de Educación y Sanidad.

Economía perfiló el modelo con los agentes sanitarios

La presión a la Generalitat no solo le llega por esta vía, sino también por el Ministerio de Economía y las medidas impuestas a la Generalitat para asumir la ingente deuda con los proveedores (4.069 millones de euros, casi la mitad correspondiente a sanidad) que la Administración valenciana afloró hace un par de semanas.

La condición que planteó el Gobierno para hacerse cargo de los impagos de la Generalitat consistió en que el Ejecutivo de Alberto Fabra asumiera el cumplimiento de los plazos para alcanzar el objetivo de déficit del 1,5% del PIB para el año 2013.

Para cumplir con el Gobierno, al Consell no le quedaba otro camino que recortar en gasto sanitario. Por ello, el plato fuerte de las medidas de choque del Generalitat incluidas en el Plan económico financiero de reequilibrio 2012-2014 presentado el viernes pasado, es la gestión privada de los servicios no asistenciales en la sanidad.

Ante las exigencias de Madrid, son las consejerías de Presidencia, Hacienda y Sanidad las que se plantean medidas de distinto tipo. Surge la posibilidad de concentrar toda la parte no estrictamente asistencial de sanidad bajo un mismo operador privado. A partir de ese momento, la Consejería de Economía abre una ronda de contactos con los operadores sanitarios para saber cuánto puede ahorrar y a través de que procedimientos.

Se decide que el modelo no se puede limitar a agrupar todas las externalizaciones que ya existen, ya que no será suficientemente ambicioso. “A Economía le preocupaban especialmente partidas de gasto difíciles de controlar como el farmacéutico, las prótesis, la oxigenoterapia, el transporte sanitario o los conciertos”, apuntan estas mismas fuentes.

Por otro lado, se busca cómo conseguir ingresos para cumplir con los objetivos planteados por el Gobierno de Rajoy. Para ello, se sugiere la posibilidad de incluir un canon de alquiler de instalaciones. Las adjudicatarias de las 18 áreas de salud que se abrirán al sector privado deberán hacer un pago único de 180 millones de euros en concepto del uso de los centros de salud y hospitales que deberán pagar el 1 de enero de 2013 y que servirá para combatir el déficit y alcanzar el 1,5% impuesto por el Gobierno.

Con los números hechos por Economía, el boceto final del modelo, que consistirá en una gestión compartida (al menos formalmente) entre la Administración sanitaria pública y los gerentes privados, corresponde ahora a Sanidad.