La Lei de Vivenda permite reducir la reserva obligatoria de pisos protegidos

Ni reserva obligatoria de suelo en los planes sectoriales para destinarlo a viviendas protegidas, ni porcentajes mínimos en los ayuntamientos para este tipo de promociones inmobiliarias. El proyecto de Lei de Vivenda, que entró en el Parlamento la pasada semana, relajará las exigencias de los pisos a precio tasado, más allá de la reducción del 40% que preveía la ley que impulsó el bipartito en 2008 para los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes al 30% que establece la nueva norma.

La herramienta que utiliza la ley para reducir los porcentajes es una excepcionalidad, incluida en su disposición adicional séptima, que faculta a los ayuntamientos a descolgarse de ese 30% para adecuarse a la “demanda potencial” utilizando el Registro de Demandantes de la Xunta. El método consiste en multiplicar el número de inscritos por 10 y dividirlo por el total de habitantes. Convertido en porcentaje, en los 22 ayuntamientos con más de 20.000 habitantes el mínimo obligatorio sería del 14,41%, un 64% más bajo que con la ley actual. La norma de la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras abre incluso la posibilidad de rebajar esa tasa. Con la utilización de esta excepción, el único ayuntamiento que se acercaría al 30% es el de Vigo, que estaría en el 29,10%. En Santiago se reduciría al 18,37% y en A Coruña al 15,91%. Del resto de municipios de Galicia, solo Lugo y Ames superarían la barrera del 10% de viviendas protegidas sobre el total.

Las nuevas reservas de suelo para vivienda protegida podrán aplicarse incluso en ayuntamientos que ya tienen aprobado su plan general de ordenación municipal. Para ello, bastará con que la mayoría absoluta del pleno de la corporación apoye el nuevo porcentaje de reserva, una vez que lo publique el Instituto Galego da Vivenda e Solo, sin necesidad de seguir el procedimiento de modificación del plan. Los ayuntamientos que ya hayan aprobado inicialmente su planeamiento, mientras, podrán rectificarlo sin tener que someterlo de nuevo a información pública.

Las sanciones a los promotores se reducen hasta un 50%

Otra de las medidas que redundará en una caída de las viviendas de protección oficial es la derogación de varios artículos de la Ley de Ordenación Urbanística, de la que tumba hasta 10 preceptos. Entre ellos, el que obligaba a establecer en los planes sectoriales una reserva de suelo para dotación autonómica para construcción de viviendas de promoción y titularidad públicas, destinadas a la población con rentas más bajas.

Desaparece también de la ley otra de las medidas estrella introducidas por el bipartito en 2008, como es la de incluir en cada plan de sectorización una reserva mínima de vivienda a precio tasado, para evitar su concentración en zonas degradadas de los municipios. Ahora se pasa a exigir que su localización “evite la concentración excesiva de viviendas de este tipo”, aunque los criterios de reparto establece como mínimo “la mitad del porcentaje de reserva total del ayuntamiento”, excepto en los suelos urbanizables no delimitados.

El proyecto de la consellería que dirige Agustín Hernández elimina otra disposición que la entonces conselleira de Vivenda, Teresa Táboas, destacaba como de las más sobresalientes de la ley aún en vigor: la que obligaba a establecer unos plazos en los desarrollos de los planes parciales en los que las viviendas protegidas no pueden ser superiores a los de las libres. Esa disposición se borra de un plumazo. Algo similar ocurre con los planes generales, en los que además introduce la posibilidad de conceder prórrogas para los pisos con algún régimen de protección si ya se han otorgado licencias para vivienda libre en un mismo polígono. “Las viviendas protegidas que no se ejecuten con las libres”, añade, deberán edificarse “en los plazos establecidos en el planeamiento general o de desarrollo”. La ley, además, rebaja los periodos de protección y permite anticipar su descalificación como tal, lo que autorizaría a su propietario a venderla en el mercado libre.

Como argumento para justificar el nuevo modelo de vivienda protegida, Agustín Hernández apuntó en la presentación de la ley que, de los últimos 10 años, solo en dos (2001 y 2005) el porcentaje de vivienda protegida terminada fue superior al 10%. “De nada sirve establecer un porcentaje del 40% o del 30% si la realidad es muy diferente”, afirmó entonces el titular de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras.

El proyecto de ley, que aprobó el Consello de la Xunta el pasado 19 de abril, reduce hasta un 50% de las sanciones a los promotores por incumplir la ley. Con la justificación de que se considera “más ajustada al resto de la normativa” de diferentes comunidades autónomas, la nueva tabla reduce los máximos en las sanciones leves de 6.000 a 3.000 euros; las graves, de 60.000 a 30.000, y las muy graves, de un millón a 600.000 euros. Los mínimos se mantienen en las leves y se reducen de 6.000 a 3.000 en las graves y de 60.000 a 30.000 en las muy graves.