González compara a los activistas del sabotaje de metro con la 'kale borroka'

“No es que haya un temor [a otro sabotaje], es que hay una amenaza de estos colectivos de que la acción de ayer no será la última. Es una provocación al Estado de Derecho y al respeto de la legalidad y vulnera la normal convivencia. Hay que apelar a la responsabilidad de todo el mundo para que no se repitan actos de este tipo”, ha declarado esta mañana el vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, en la línea dura contra la protesta llevada a cabo ayer en Metro inaugurada por Esperanza Aguirre. González ha encontrado incluso ciertas semejanzas entre los saboteadores y “la agitación o violencia callejera o kale borroka, al actuar con pasamontañas” y "ocultando su identidad" en algunos casos.

“Ha sido un acto vandálico y concertado de personas que pone en riesgo la seguridad de los ciudadanos", ha señalado el vicepresidente. "Fueron deliberadamente a poner el riesgo un funcionamiento ordinario del sistema de transportes público y por tanto constitutivo de delito”, ha remachado el número dosde Aguirre tras el Consejo de Gobierno. En este sentido, ha apostado por que "los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado tomen las medidas necesarias" con el objeto de "evitar este tipo de actos", ha considerado.

"Un acto organizado"

En la comparecencia, se ha informado de que Ignacio González Velayos, en su condición de consejero delegado de Metro de Madrid, ha presentado esta mañana una denuncia por estos hechos en el juzgado de guardia, que se suma a la que ayer presentó la empresa pública. “De no haber sido por la rápida intervención de Metro y la pericia de sus conductores, podría haber ocasionado la completa paralización del servicio y gravísimo perjuicio al conjunto de la ciudadanía”, reza la denuncia. De momento, hay tres detenidos y la policía sigue investigando para identificar a más.

El consejero de Transportes, Pablo Cavero, sentado con González, ha asegurado que los activistas pueden haber incurrido en un delito de desórdenes públicos, lo que supondría penas de prisión de seis meses a tres años según el artículo 557 del Código Penal. El artículo 6560.2 prevé un tipo agravado del delito de desórdenes públicos cuando se origine “un grave daño para la circulación ferroviaria”. En ese caso las penas de prisión son de entre uno y cinco años.

“La rápida actuación de los conductores evitó males mayores y perjuicios mayores, pero este acto organizado no puede tener la misma consideración que un hecho aislado al ser un acto organizado contra un medio de transporte público”, ha añadido Cavero. De no apreciarse delito de desórdenes públicos por la rápida intervención de los empleados de Metro, las personas denunciadas podrían ser condenadas en grado de tentativa según el artículo 61 del Código Penal.