Mas recurre a los adelantos de Rajoy para pagar nóminas

Las comunidades autónomas ven reducirse día a día el margen para hacer frente a los pagos corrientes, y las dificultades llegan incluso a la hora de abonar las nóminas de los funcionarios. En Cataluña, la Generalitat ya ha recurrido a los anticipos que el Gobierno está dando a las autonomías de forma excepcional para hacer frente a numerosos pagos, incluso el de los salarios. El PP de Cataluña no dudó ayer en utilizar este hecho como medida de presión para que Convergència i Unió (CiU) siga apoyando los ajustes de Mariano Rajoy.

El Consejo de Política Fiscal y Financiera acordó el pasado enero que el Gobierno pagaría a las autonomías un anticipo en concepto de las liquidaciones negativas correspondientes a 2010. Cataluña tenía que recibir a cuenta de ese ejercicio un total de 1.090 millones. El primer pago de esta deuda debía producirse en julio, pero el Gobierno acordó adelantar a marzo este dinero a todas las autonomías. La Generalitat ha recibido ya 545 millones.

Ante las malas relaciones entre CiU y el PP, la presidenta regional de los populares, Alicia Sánchez-Camacho, no dudó ayer en echarle en cara a Artur Mas que haya tenido que recurrir a estos ingresos para pagar las nóminas. En su cara a cara quincenal en el Parlament, Sánchez-Camacho puso de relieve que el Gobierno de Mariano Rajoy ha dado a Cataluña “más de 1.753 millones” de euros del Fondo de Suficiencia, siendo “la comunidad autónoma que más recibe”, y ha ofrecido “1.413 millones en transferencias directas y anticipos para poder pagar las nóminas de este país [Cataluña]”.

La referencia a estos pagos motivó grandes aplausos en la bancada popular e indignó a Mas: “No presente como una dádiva o como una especie de donación los anticipos para poder pagar las nóminas, porque es el dinero de los catalanes, que lo administran en Madrid, pero es el dinero de los catalanes”, exclamó, visiblemente enojado.

En diciembre, la Generalitat ya recurrió a un crédito bancario para abonar la paga extra de los funcionarios

Fuentes del Gobierno confirmaron ayer que con el dinero de los anticipos se han pagado nóminas, pero también se han afrontado otros gastos de funcionamiento, “como hacen todas las autonomías”, aseguraron. El pasado diciembre, la Generalitat ya tuvo que recurrir a un crédito bancario para abonar la paga extra de los funcionarios.

Mientras esto ocurre, el Gobierno de Mas está buscando la manera de recortar los 1.500 millones que no le llegarán de las transferencias del Gobierno central este año. La cifra la adelantó ayer el portavoz del Gobierno, Francesc Homs, quien aseguró que el ajuste “afectará a los ingresos y a los gastos, a todos los ámbitos”. O sea que habrá nuevos recortes y eventuales subidas de impuestos.

La nueva cifra es el resultado de trasladar a las cuentas de la Generalitat los recortes del Gobierno central en las transferencias a las autonomías. Los Presupuestos Generales del Estado reducen en 1.900 millones las previsiones de ingresos que hizo la Generalitat hace apenas dos meses. A esta cifra hay que restar los 219 millones que el Gobierno debe a la Generalitat en concepto de infraestructuras no ejecutadas y que Artur Mas espera ingresar pese a los mensajes en sentido contrario que ha lanzado el Ejecutivo central. También hay que restar los 150 millones que la Generalitat prevé ahorrar en sanidad y educación en aplicación de las medidas anunciadas por el Gobierno central. Es decir, la cifra que habrá que recortar ronda los 1.500 millones.

Homs dejó claro que el Gobierno no es partidario de reinstaurar impuestos como el de sucesiones, que el tripartito redujo y CiU eliminó. Según Homs, este impuesto “descansa sobre alguien que ya ha pagado sus impuestos”, con lo que considera que no sería deseable su reinstauración. El Gobierno catalán tampoco quiere tocar más el sueldo de los funcionarios, que este año ya han sufrido una reducción del 5%.

El problema para la Generalitat es que cualquier subida de impuestos tendría un impacto a largo plazo y no durante este año, que es cuando deben conseguir ingresos adicionales para cuadrar el presupuesto. De esta manera, los recortes más probables serán en inversión, educación y sanidad, que son las principales bolsas de gasto que controla la Generalitat.

La próxima semana el Gobierno catalán debe presentar al Ministerio de Hacienda el plan de ajuste para adaptarse a los nuevos presupuestos. El Ejecutivo de Mariano Rajoy ya ha advertido que este plan debe ser realista y no incluir ingresos que no estén garantizados, por ejemplo los 219 millones de la disposición adicional tercera del Estatuto. De momento el Gobierno catalán está dispuesto a entrar en una línea de confrontación e incluir de alguna manera estos 219 millones.