El Parlament no recurrirá la reforma laboral ante el Constitucional

No habrá recurso de inconstitucionalidad del Parlament contra la reforma laboral. Los tres grupos de la izquierda (PSC, ICV y ERC), además del Solidaritat (SI), se han quedado solos este miércoles por la mañana para acudir al Tribunal Constitucional y su petición ha sido derrotada por 80 votos, frente a 49 a favor y una abstención.

De nada ha servido el informe que por unanimidad emitió hace casi un mes el Consejo de Garantías Estatutarias, que  advertía de que el decreto de la reforma vulnera principios constitucionales, como la negociación colectiva, además de que no está justificada la vía de urgencia escogida y se vulneran competencias de la Generalitat. La izquierda y SI han recordado esos argumentos en la defensa del recurso, pero CiU y el PP han contestado que el Congreso está debatiendo la ley que modificará el decreto y que no tiene sentido recurrirlo.

Jaume Collboni (PSC) ha dicho que desde la entrada en vigor del decreto de la reforma, el 17 de febrero, ya han sido despedidos en Cataluña 20.761 trabajadores y ha recordado la unanimidad con la que se expresaron los juristas en su dictamen. “La reforma destruye empleo, lamina derechos e invade competencias. Es un golpe de Estado al derecho del trabajo que ha perpetrado el Gobierno del PP”, ha remachado.

Jordi Miralles (Iniciativa-Esquerra Unida) ha reprochado la ausencia de todo el Gobierno catalán en el debate y ha reclamado a CiU que haga caso a los expertos y los juristas sobre la inconstitucionalidad de la reforma, y Oriol Amorós (ERC) ha añadido que la reforma laboral “expulsa a los jóvenes" del mercado laboral y "precariza a los mayores”. Amorós ha insistido en varias ocasiones en que la reforma no tiene encaje en la Constitución y ha apostillado que “tiene gracia que sea un diputado de ERC”, un partido que no cree en la Carta Magna, el que tenga que recordarlo.

El diputado Alfons López-Tena, de SI, con su oratoria habitual, ha recordado que estaba hablando en un “Parlamento de feria” y con un Gobierno “de feria” ausente del debate. Por su parte, Rafael Luna (PP) ha defendido la bondad de la ley y ha arremetido contra la “herencia” de los cinco millones de parados que dejó el Gobierno del PSOE, y Meritxell Borràs (CiU) ha calificado de “brindis al sol” el recurso de inconstitucionalidad porque se está tramitando una ley en el Congreso. Los diputados de la izquierda insistieron después en que eso no quita que ya se esté aplicando y esté causando efectos.

Tras la derrota parlamentaria, los grupos de la izquierda están explorando ahora una última vía, consistente en abrir un procedimiento negociado, algo previsto en la ley que regula el Tribunal Constitucional. Se trataría de que el Parlament aprobara esa medida en el próximo pleno para que el Gobierno del PP y el de la Generalitat se sentasen a negociar la redistribución de las competencias que implica la reforma, pues la Administración catalana ha dejado de ser autoridad laboral.