Fernández alimenta la posible imputación de Viera como creador del fondo

"Fue decisión del consejero de Empleo, en aquel momento don José Antonio Viera, quien se lo propone al IFA (Instituto de Fomento de Andalucía), para realizar dicho convenio”. La frase del exconsejero de Empleo Antonio Fernández, en prisión preventiva por el caso de los ERE, consolida un secreto a voces de la instrucción: la imputación del diputado y ex secretario general del PSOE sevillano, José Antonio Viera, avanzada por la Guardia Civil pero sobre la que la magistrada no se pronuncia porque será instruida por el Tribunal Supremo al ser Viera aforado.

Viera fue como consejero de Empleo el firmante del convenio que diseñó en 2001 el fondo para empresas en crisis que la Junta dotó de 647 millones durante una década, junto a Fernández como presidente del IFA. Durante sus cuatro días de declaración judicial, la juez le achacó haber concebido un sistema para favorecer a empresas ligadas a la Administración y al PSOE. Su testimonio ofrece, en 358 páginas, claves muy claras y aún más pistas que el auto de la juez, que avanza la imputación de varios consejeros, entre ellos el presidente de la Junta, José Antonio Griñán, el interventor general y parte del servicio jurídico, todos ellos parte de una connivencia política basada en el corazón del Gobierno andaluz. La juez insinúa la participación del expresidente de la Junta Manuel Chaves al referirse a la participación de “los superiores” de Fernández en el diseño del fondo que considera ilegal.

“Creo que [Viera] tuvo que comentar el nuevo sistema operativo al sr. Chaves, ya que en aquellas fechas había diferentes crisis como la de Santana (...) Chaves debió conocerlo, al igual que el resto de los miembros del Consejo de Gobierno. No se trata de una conversación de pasillo, sino que era un tema de importancia y, a mi juicio, legal para intervenir en la economía andaluza”, expuso a la juez Fernández. En el final de la frase está la clave: la juez discrepa de manera radical y considera ilegal el fondo, fruto de una connivencia política a gran nivel, que podría derivar en la imputación de la anterior cúpula del Ejecutivo al completo, según la tesis de la juez.

A la acusación de opacidad del fondo, Fernández replicó que los sindicatos y la CEA (Confederación de Empresarios de Andalucía) lo conocían ¿Y los pequeños empresarios de provincias alejadas de la capital andaluza que nunca se beneficiaron? Respuesta: “Las empresas no tenían por qué tener este conocimiento, existían unas ayudas por una decisión política del Gobierno para ayudas a unos extrabajadores, no eran una ayuda para que una empresa decidiera despedir o no, con sus consecuencias legales”.

La juez formuló unas 200 preguntas al acusado, muchas de ellas para confirmar su tesis de que la cúpula del Gobierno ideó el sistema para repartir ayudas que pudiera sortear los reparos de la Intervención y la Unión Europea a los pagos directos. “¿Qué influencia tuvo el Gobierno en la elaboración del referido convenio marco?” Respuesta: “Lo hizo un consejero, y un consejero nunca actúa en contra de lo que decide o indica el Gobierno de la Junta”, matizó Fernández el primer día de su declaración.