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Los socialistas llevan al fiscal toda la depuración de aguas valenciana

La falta de control que permitió el saqueo de Emarsa se generaliza

Gráfico sobre las relaciones en la gestión y control de las depuradoras elaborado por el PSPV-PSOE
Gráfico sobre las relaciones en la gestión y control de las depuradoras elaborado por el PSPV-PSOE

“Existen vínculos empresariales, familiares y de amistad que impiden que la labor de control esté garantizada en todo el sistema”, dijo la diputada socialista Carmen Martínez. “El de la depuradora de Pinedo no es un caso aislado. El caso Emarsa ya es el caso Epsar”. Martínez, que es secretaria general del PSPV-PSOE en la provincia de Valencia, anunció ayer que su grupo presentará hoy una denuncia ante la fiscalía sobre todo el sistema de depuradoras gestionado por la Generalitat a través de la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales (Epsar), cuyo exgerente, José Juan Morenilla, y el exdirector de explotación, Ignacio Bernácer, están imputados por el saqueo de la depuradora de Pinedo.

Martínez dijo que Enrique Albors Camps, actual gerente de la depuradora de Pinedo, cuya explotación se otorgó a Aguas de Valencia tras la liquidación de la sociedad pública Emarsa, procede de Iva Leying, empresa que en unión temporal con Incivsa, SL, tiene adjudicado el control y la supervisión de la explotación de depuradoras de la zona 3, que incluye la planta metropolitana de Valencia. También está en esa UTE Juan Carlos Girbés, una persona vinculada asimismo a Aguas de Valencia, la empresa explotadora de Pinedo. Otra relación que destacó fue la de Consomar y Red Control con Miguel Ángel Martínez Muro, que a su vez es hermano de José Luis Martínez Muro, la persona que sustituye a Morenilla al frente de la Epsar como gerente. Red Control precisó ayer que Miguel Ángel Martínez Muro lleva 19 años como director y que la adjudicación del control de depuradoras de la zona 5 es anterior al nombramiento de su hermano en Epsar.

La diputada Carmen Martínez explicó que las empresas que estuvieron encargadas del control de Emarsa, la empresa pública que gestionaba la depuradora de Pinedo, en los años en que se produjo el saqueo millonario que investiga un juzgado de Valencia, fueron precisamente Consomar, hasta 2005, y Red Control, hasta 2009, y que ambas volvieron a ser adjudicatarias a partir de agosto de 2009 de la supervisión de depuradoras en otras zonas.

El patrón de Emarsa se repite en "todo el sistema", según el PSPV

“El mismo patrón de Emarsa se está repitiendo de manera generalizada en todo el sistema”, destacó Martínez, quien explicó a los periodistas, en una conferencia de prensa en las Cortes Valencianas, un gráfico en el que se revelan las conexiones entre empresas explotadoras y empresas controladoras de las depuradoras y en el que se refleja un reparto en la explotación de las estaciones de depuración. Según el gráfico, la compañía Aguas de Valencia cuenta con el 52% de la depuración de aguas, Facsa con el 25%, Aguas de Barcelona con el 15% y otros, como Aqualia o Lubasa, con el resto. A Facsa, empresa investigada en el caso Gürtel por la presunta financiación ilegal del PP, es precisamente donde se fue a trabajar José Juan Morenilla cuando dimitió como gerente de la Epsar tras estallar el escándalo de Emarsa. La diputada socialista recordó que desde la entidad dependiente de la Generalitat Morenilla otorgó contratos a Facsa por más de 30 millones de euros.

La parlamentaria del PSPV-PSOE señaló que en el sistema que su partido denuncia ante la fiscalía Morenilla “ha manejado unos 4.000 millones de euros” y que “al menos tres de los cinco principales imputados del caso Emarsa” han declarado ante el juzgado que las irregularidades se extendían a la gestión de las depuradoras desde la Generalitat. Esas irregularidades, en el caso de Emarsa, consistían en que desde la Epsar se hinchaban los precios que la Generalitat pagaba a la sociedad pública dependiente de la Entidad Metropolitana de servicios Hidráulicos (Emshi) por el tratamiento de lodos de la depuradora de Pinedo.

Enrique Albors, ante la comisión de investigación del 'caso Emarsa' en las Cortes Valencianas. Fue el encargado del control y supervisión de la depuradora de Pinedo en los años del saqueo. Ahora es su gerente. ampliar foto
Enrique Albors, ante la comisión de investigación del 'caso Emarsa' en las Cortes Valencianas. Fue el encargado del control y supervisión de la depuradora de Pinedo en los años del saqueo. Ahora es su gerente.

El martes, en su comparecencia ante la comisión de investigación de Emarsa, su actual gerente, Enrique Albors, que fue responsable de su control y supervisión, aseguró que el precio de los lodos para su aplicación agrícola de la depuradora que él dirige ahora es de 18,5 euros por tonelada, aunque justificó los 42 euros por tonelada que pagaba la Generalitat a través de la Epsar porque era “un precio ponderado”, dado que es mucho más caro si se trata de lodos que van a vertederos o que exigen tratamientos especiales.

Martínez volvió a insistir en la responsabilidad que el que fuera consejero de Medio Ambiente y hoy es presidente de las Cortes, Juan Cotino, tiene en lo ocurrido y fue, incluso, más allá, ya que señaló que Manuel Reyes, de la UTE Iva Leying-Incivsa, que tiene hoy en día adjudicado el control de la depuradora de Pinedo, está vinculado a las empresas de la familia Cotino. El actual presidente de la Cortes era el consejero del área y, por tanto, presidía la Epsar cuando se concedió a esa UTE la supervisión de la zona 3.

“Desde la Epsar no sólo se gestionó Emarsa”, apuntó Martínez. “La entidad tiene competencias sobre las 460 depuradoras valencianas”. En su opinión, la negativa del PP a que comparezcan ante la comisión de investigación de Emarsa los responsables políticos y el rechazo a que se estudie en ella la documentación de la Epsar “inducen a pensar que se están ocultando muchas cosas”.

"Dos convenios que desconocía"

Tres técnicos cerraron ayer las comparecencias ante la comisión de investigación de Emarsa en las Cortes Valencianas. Se sometieron a las preguntas de Marga Sanz, de Esquerra Unida; Mònica Oltra, de Compromís; Carmen Martínez, del PSPV-PSOE, y Alicia de Miguel, del PP. Si la intervención de Enrique Albors evidenció la facilidad en el trasvase del control y supervisión a la gestión de estaciones depuradoras entre las empresas del sector, la de José Antonio Martínez Beltrán, secretario general de la Entidad Metropolitana de Servicios Hidráulicos (Emshi), de la que Emarsa era una empresa instrumental, fue también muy ilustrativa.

Martínez Beltrán explicó el proceso de liquidación de Emarsa, la encomienda de gestión a una UTE de Aguas de Valencia y los pasos que condujeron a que el caso acabara en los juzgados. En un determinado momento confirmó que los convenios en los que se basó la financiación de Emarsa desde la Generalitat, a través de la Epsar, fueron irregulares. “Me hablaba de una financiación y unos convenios que desconocía”, dijo Martínez Beltrán, en referencia a Enrique Crespo, entonces presidente de la Emshi y de Emarsa y hoy principal imputado del caso. El secretario de la Emshi confirmó que dos convenios firmados por Crespo no fueron ratificados ni constaban en la Emshi. La Generalitat aportó unos 120 millones de euros a la empresa saqueada.

También compareció ante la comisión el interventor de la Emshi, Francisco Pastor Bono, y la mesa de la misma acordó pedir un informe jurídico para decidir qué hacer ante la negativa de José Juan Morenilla, exgerente de la Epsar e imputado, a comparecer. El presidente de la comisión, Alejandro Font de Mora, del PP, explicó que no existen "antecedentes" y es necesario estudiar cómo actuar.

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