El sonido más odioso de la ciudad

Motos, coches, el camión de la basura, la terraza del bar de abajo, el vecino amante del bricolaje, el botellón, las obras públicas, los ensayos de la banda de cornetas y tambores, más motos, más coches… España es, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el segundo país más ruidoso del mundo, solo por detrás de Japón. Siete de cada diez españoles viven sometidos a niveles de ruido por encima de los 70 decibelios, cuando el límite aceptable es de 65. Detrás de este fenómeno aparecen alteraciones del sueño, estrés y ansiedad y distintos trastornos sobre la salud.

En Andalucía, el problema no es menor. Una investigación de la Universidad de Almería pone de relieve que 6 de cada diez andaluces que viven en ciudades de más de 20.000 habitantes están expuestos “de manera permanente” a la contaminación acústica y que las administraciones locales o bien carecen de normativa o la tienen obsoleta.

El dato forma parte de un estudio, dirigido por el catedrático de Geografía Humana Fernando Fernández, que ha plasmado en mapas el impacto acústico que sufren las distintas ciudades de la comunidad. Para ello, los investigadores han descartado por “excesivamente empírico” el tradicional uso de sonómetros, y han optado por cartografiar los datos sobre ruido que constan en el censo de viviendas y, lo que resulta más novedoso, las denuncias que los ciudadanos han planteado a los Ayuntamientos sobre contaminación acústica. El estudio se completa con una encuesta, de 1.800 entrevistas a ciudadanos y 400 entrevistas a expertos, sobre la percepción y la influencia del ruido en su vida cotidiana. El 80% de los encuestados manifestó sentirse molestos en sus barrios a causa de este problema ambiental.

Los andaluces están muy sometidos al ruido, pero relativamente son muy pocos los que denuncian ante sus ayuntamientos la situación. Numerosos municipios –los más grandes El Puerto de Santa María (Cádiz) y Torremolinos (Málaga)- se negaron a facilitar datos a los estudiosos universitarios, y quienes sí lo hicieron aportaron en bastantes casos información incompleta. Los ciudadanos más combativos contra el sonido indeseado son los jienenses, con 17 denuncias por cada 10.000 habitantes en los últimos tres años, y los malagueños, con 11.

El análisis del censo de viviendas refleja que el 95% de los vecinos de las ciudades de más de 100.000 habitantes sufre una exposición media o alta al ruido. En las tres principales urbes –Córdoba, Sevilla y Málaga-, uno de cada tres vecinos está sometido a una gran contaminación acústica. Sevilla, según el censo, se presenta como la ciudad más ruidosa de Andalucía

Los investigadores analizaron las normas antirruido de las 78 poblaciones andaluzas más pobladas, y llegaron a conclusiones poco esperanzadoras. El 23% de las pequeñas ciudades (entre 20.000 y 50.000) habitantes carece de ordenanza que regule la contaminación acústica, lo que contraviene la legislación autonómica. De las urbes que cuentan con esta normativa, el 56% la redactó antes del año 2000, lo que, en palabras de Fernández, “supone un alto grado de obsolescencia”. Además, solo una de cada cinco ciudades andaluzas cuenta con los llamados mapas de ruido, frente al 85% de la red urbana de Cataluña.

Los pleitos en la vía civil tardan una media de 18 meses y suelen terminar con medidas correctoras

El abogado Joaquín Herrera, vicepresidente de Juristas contra el Ruido, afirma que en casos como los veladores, fuente de ruido que ha crecido mucho tras la ley que impide fumar en los bares, “la vía pública se está tomando en beneficio de determinadas empresas”. El letrado sostiene que la legislación española está inspirada en la europea, donde los principales focos acústicos son la industria y el transporte. “En España el ruido lo produce el ocio y no existen protocolos para solucionarlo”, asegura.

Las vías jurídicas para que los ciudadanos se defiendan del ruido son variadas. Los letrados aconsejan la jurisdicción civil para casos entre particulares: “es la más eficaz porque se prescinde de los ayuntamientos. Dura unos 18 meses, y lo normal es que se impongan medidas correctoras”, afirma Herrera. La vía contencioso-administrativa, más compleja, “tarda años y se enreda en cuestiones como las licencias” que conceden los consistorios, plantea el letrado.