Dos años para pagar 100.000 euros

“En dos años no hay ningún trabajador que pueda pagar una hipoteca de 100.000 euros”. Teresa Escoda no pudo aguantar más la tensión de esperar a la comisión judicial que iba a desahuciarla a ella y a toda su familia de la vivienda que han levantado con sus propias manos en Alcossebre (Castellón). Desolada, salió a la puerta de su casa y, ante un fuerte despliegue policial, expuso a gritos su situación.

La de ayer era la segunda vez que la comisión judicial intentaba ejecutar la hipoteca después de que el movimiento social evitara un primer desalojo. Esta vez se reclamó al juzgado de Primera Instancia e Instrucción 3 de Vinaròs que tomara medidas para ejecutar el desalojo. Unas medidas que se tradujeron en un dispositivo de una decena de furgones de la Guardia Civil que impidieron el acceso a la vivienda desde las ocho de la mañana. Sólo siete simpatizantes del colectivo de afectados por las hipotecas esperaban el desahucio sin poder oponer resistencia alguna. En los accesos, medio centenar que no pudieron pasar. “Si los echan no tienen donde ir”, afirma Salomé Moreno, una amiga de los afectados. La familia tuvo que abandonar finalmente su casa después de cinco años de conflicto.

Según explica Teresa, la familia tenía un terreno cerca de la playa sobre el que estaban construyendo una peculiar vivienda con la técnica del ferrocemento. “En 2005 pedimos una hipoteca al banco y nos dieron 100.000 euros, el problema es que lo pedimos a veinte años y a los 18 meses nos dicen que tenemos que devolverlo porque se hizo a dos años”, dice.

Su hijo Israel, de 38 años, fue quien lo contrató. “Me han engañado como a un chino, no sabíamos que era a dos años y ahora me reclaman que lo devuelva”, afirma. Según apunta, esta hipoteca la contrató mediante una empresa de préstamo pero la firmaron con el banco. “Hemos intentado negociar, porque no se entiende que tengamos que devolverlo todo en solo dos años. No hay trabajador que pueda hacerlo”, declara.

La familia ha denunciado a la entidad, Caja Madrid, por la vía penal, reclamando al juzgado de Vinaròs un aplazamiento del desalojo hasta que se resuelva esta vía. “Recibimos la negativa justo el día de antes y no nos ha dado tiempo ni a recoger nuestras cosas”, afirma Teresa.

Ayer, esperaba junto a su marido, su hijo y su suegra, una mujer de 87 años, la llegada de la comisión judicial prevista a las once de la mañana. La familia reclamó quince días más aduciendo que la anciana estaba en mal estado de salud. Un perito se desplazó desde Castellón y certificó que podían efectuar el desalojo.

“Nos hemos quedado como si perdiéramos la vida, la casa estaba casi terminada. Mi padre la parió y yo la he ido pagando hasta que he podido”, dice resignado Israel, ya por la tarde, mientras habla con amigos en busca de un sitio en el que pasar la noche.