El CGPJ expedienta al juez del ‘caso Guateque’ por “retraso injustificado”

El juez que instruye el caso Guateque, Santiago Torres, la trama corrupta de funcionarios del Ayuntamiento de Madrid que supuestamente cobraban comisiones a cambio de agilizar licencias para locales públicos y edificios, ha sido expedientado por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) por dilaciones indebidas en esa causa. La Comisión Disciplinaria del Consejo ha decidido incoar el expediente tras recibir un informe de sus servicios de inspección fruto de denuncias del sindicato ultraderechista Manos Limpias y de uno de los imputados en la trama, el ex funcionario del Ayuntamiento de Madrid Joaquín Fernández de Castro, hermano de un magistrado de la Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Madrid. Según la inspección, el caso Guateque, que cuenta en la actualidad con 118 imputados, ha estado parado en el juzgado durante casi dos años, por lo que atribuye al juez un “retraso injustificado” de la causa. Fuentes del Consejo precisaron ayer que la apertura de un expediente no es una sanción anticipada y que se ha nombrado a un juez del Tribunal Superior de Madrid, de mayor rango que Torres, para que indague los motivos del retraso.

El Juzgado de Instrucción 32 de Madrid, que dirige Torres, es uno de los órganos de su tipo más saturados de causas de España. Después de solicitar Torres al Tribunal Superior de Madrid y al Consejo reiteradas veces medidas de apoyo para su juzgado, finalmente, a comienzos del año pasado, el Poder Judicial creó un juzgado bis de apoyo con una juez sustituta al frente.

En su petición al Consejo, Torres desgranaba los motivos que habían llevado a su juzgado, que ha superado los módulos de trabajo establecidos, al borde del colapso. Harto de la carga de trabajo, el oficial que tramitaba el caso Guateque pidió traslado del juzgado y dejó la causa. Lo que coincidió en el tiempo con la llegada al juzgado del macrosumario de la Operación Yugoslavia, que ocupa decenas de miles de folios a lo largo de 204 tomos y que llegó a contar con 54 presos. Se trata de una trama criminal formada por extranjeros de países del Este que, con base en las infraviviendas de la Cañada Real de Madrid, perpetró 504 robos en casas y establecimientos públicos de Madrid, otras ciudades españolas e incluso Portugal.

Además, también han coincidido en ese tiempo en el juzgado, que llegó a tener un total de 120 personas presas (entonces era el juzgado de instrucción español con más reclusos de España a su cargo), el sumario de los intrusos en la asamblea del Real Madrid en tiempos del presidente Ramón Calderón, que ocupa 18 tomos, y también las diligencias del caso Lauro, que permitió desmantelar el mayor laboratorio de cocaína de Europa. El caso Guateque estuvo paralizado porque, según el informe del juez remitido en su día al Poder Judicial, no tenía presos y hubo que volcar los recursos del juzgado en atender las causas que sí lo tenían.

Dichas quejas solicitaban que se investigara el retraso injustificado de la instrucción y la paralización de la causa, ya que el caso se abrió hace más de cinco años, en 2007, y desde 2010 el juez Torres no ha practicado diligencias.

El "caso Guateque" se destapó en noviembre de 2007 con la detención de 16 funcionarios y técnicos del Ayuntamiento de Madrid. Fueron imputados funcionarios del Área de Urbanismo y Medio Ambiente del consistorio madrileño y de varias Juntas Municipales, así como cerca de una treintena empresarios y el viceconsejero de Transportes, Luis Armada, a quien recientemente el juez le ha levantado la imputación. Más tarde, en abril de 2009, el juez pidió a la Consejería de Hacienda regional las declaraciones de bienes del ex consejero de Deportes autonómico Alberto López Viejo, y pidió al Registro Mercantil información sobre sociedades en las que también figuraría su esposa, Teresa Gabarra Balcells.