La juez al exconsejero de Empleo: “¡Usted autorizó un ERE para beneficiarse!”

Tras estar imputado durante un año, este viernes llegó la hora de defenderse para el exconsejero andaluz de Empleo Antonio Fernández en el caso de los ERE. Sin embargo, casi nadie esperaba tal embestida en las acusaciones que la juez Mercedes Alaya le espetó: “Autorizó un ERE para beneficiarse usted mismo (…) Demostró una absoluta falta de diligencia en la entrega de dinero a aseguradoras de dudosa solvencia y sin autorización (…) Fue corresponsable del uso descuidado y abusivo del dinero público (…) Favoreció claramente a su ciudad, Jerez, frente a otras”.

La magistrada le imputa seis delitos: cohecho, falsedad en documento mercantil, malversación, prevaricación, fraude de subvenciones y negociaciones prohibidas a funcionarios (los cuatro últimos continuados).

Alaya dibujó un panorama sombrío para Fernández por haberse lucrado gracias a un ERE que él mismo aprobó y por ser el antiguo responsable del sistema de ayudas para empresas, que la juez estima ilegal. El exconsejero defendió su gestión y apeló a que las subvenciones fueron “una decisión política” del Gobierno andaluz, y que tanto la CEA (la patronal andaluza) como los sindicatos estaban al tanto de los ERE, por lo que su gestión pública fue transparente.

La jornada auguraba un choque de trenes sobre el sistema de ayudas para empresas en crisis, entre la acusación de ilegal de Alaya y la defensa hermética de Fernández. Sin embargo, los rocosos argumentos del exconsejero comenzaron a agrietarse pronto, porque en su primera exposición, la juez ya le había rebajado a un nivel de corrupción cercano al del ex director general Javier Guerrero (en prisión preventiva) por su laxitud y nepotismo en la entrega de ayudas millonarias. El interrogatorio duró más de ocho horas, pero se extenderá varios días porque la juez solo formuló alrededor de 50 preguntas de las 200 que tiene previstas.

Alaya considera un cohecho que Fernández autorizara en 2008 un ERE en las bodegas González Byass, donde trabajó en los años setenta, para lucrarse. Su intención fue cobrar una póliza de 386.000 euros pero finalmente, al saltar el caso de los ERE, renunció a dicha suma, según la juez. Sí firmó Fernández la indemnización por despido de 24.000 euros que cobrará cuando quede desempleado. “Resulta escandaloso”, matizó la magistrada al destacar cómo su relación con González Byass estaba extinguida.

Después de abandonar su puesto de trabajo por excedencia forzosa en 1983, Fernández no renovó su excedencia ni pidió su reingreso, según el convenio de la vid de 1983, que regula su relación laboral con la empresa bodeguera. Alaya mencionó dos sentencias del Tribunal Supremo para apoyar su tesis.

Al censurar su inclusión en el ERE, Alaya recordó cómo las ayudas estaban destinadas a trabajadores con dificultades “para la reinserción laboral”. Pero Fernández era por aquel entonces parlamentario, y en su última etapa lo compatibilizó de manera irregular, según Alaya, con la presidencia del Consejo Regulador de los Vinos de Jerez.

Hasta 15 veces le recordó Alaya a Fernández su “íntima amistad” con el también imputado José González Mata, responsable de la consultora Uniter, que gestionó numerosos ERE durante su época al frente de Empleo. La juez le acusó de autorizar el desvío de dinero público de hasta el 15% en comisiones a aseguradoras de “dudosa solvencia” y sin autorización, en referencia a la consultora Vitalia, que careció de ciertos permisos para ejercer en la correduría de seguros.

El dibujo de Fernández trazado por Alaya ha sido demoledor por la consecución de actos irregulares que le achaca: desde ser junto al diputado José Antonio Viera quien pergeñó el sistema de ayudas a empresas en crisis firmado en 2001, hasta conocer la existencia de intrusos (personas ajenas a las empresas beneficiadas) en ERE como el de Calderinox. “Es imposible que no lo conociera”, afirmó la juez, ya que hasta los asesores María José Rofa y el exparlamentario Ramón Díaz (antigua mano derecha de Guerrero) sabían de su existencia. El sistema fue ideado para “evitar los reparos de la Intervención” y el control de Bruselas, además de favorecer a personas cercanas al PSOE y altos cargos de la Junta, según la juez.