Fernández dice que va a contestar a todo lo que le pregunten

“La sesión de hoy será un choque de trenes”. Es la metáfora de uno de los abogados del caso de los ERE para la declaración del exconsejero Antonio Fernández ante la juez Mercedes Alaya. El máximo responsable de las ayudas públicas de la Junta durante seis años (2004-2010) ha llegado a los juzgados a las 10.30 preparado para defender el procedimiento que instauró el Gobierno andaluz por un convenio en 2001, cuando él era presidente del Instituto de Fomento Andaluz (IFA) y posteriormente desarrolló como consejero hasta hace dos años. Fernández ha entrado a los juzgados acompañado de su abogado, Alfonso Martínez del Hoyo, y portando una cartera con documentos, el exconsejero ha dicho a los periodistas que se encuentra bien y que va a responder a todas las preguntas.

Su declaración, que posiblemente terminará mañana sábado, tiene lugar en una sala de vistas de los juzgados sevillanos con asistencia de 27 abogados en nombre del medio centenar de imputados entre altos cargos de la Junta e intrusos en los ERE.

La expectación es máxima después de que la magistrada haya retrasado en dos ocasiones su declaración, y sobre todo tras haber enviado a prisión al ex director general Javier Guerrero y su chófer Juan Francisco Trujillo hace un mes. Ello a pesar de que los indicios de delitos eran mucho más consistentes y graves contra Guerrero y Trujillo. La juez acusa a Fernández de prevaricación, malversación y tráfico de influencias por conocer, según los indicios, las pólizas ilegales que realizó Guerrero a los intrusos (personas que nunca trabajaron en las empresas subvencionadas). Además, Alaya le achaca conocer los reparos que la Intervención General de la Junta expuso al procedimiento para conceder las subvenciones a las empresas, y finalmente por estar incluido en el ERE de la bodega González Byass. Tras la investigación patrimonial a Fernández, actual presidente del consejo regulador de los vinos de Jerez, la juez no ha acreditado que se haya lucrado de manera ilícita.

Fernández alegó ya en su día la defensa del procedimiento ante la Intervención General. Pero si entonces la Consejería de Empleo pudo mantener el sistema ideado para afrontar las crisis industriales pese a los reparos de los interventores, la batalla de hoy es mucho más cruda. El exconsejero afronta la amenaza de que la juez considera delito penal la infracción administrativa supuestamente cometida en la concesión de ERE y ayudas directas a empresas. Se trata de medir el alcance del principio de intervención mínima del Derecho Penal, que definirá si estas irregularidades deben ser consideradas delitos.

La presunta malversación de fondos públicos que cometió Guerrero se realizó con la connivencia de sus superiores según Alaya, al menos de Fernández y el exviceconsejero Agustín Barberá, ambos imputados. El exconsejero y diputado socialista José Antonio Viera no está imputado en la causa y en caso de que lo fuera, el Tribunal Supremo asumiría esta investigación, puesto que es aforado. Fuentes del caso subrayan que las acusaciones de Guerrero sobre que en los consejos de dirección informaba a sus superiores de todas las decisiones que tomaba, implican tanto a Fernández como a Viera. Y sin embargo este permanece al margen de la mediática instrucción por decisión de la juez.

Respecto a su vínculo con la bodega González Byass, de la que fue trabajador, Fernández cobrará una indemnización por despido de 31.419 euros tan pronto quede desempleado y anteriormente renunció a cobrar una póliza asignada de 386.000 euros derivada de un ERE dotado con 17 millones que había aprobado él mismo cuando estaba al frente de la consejería.