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La junta de personal de la Xunta denuncia "usos irregulares" de vehículos

Un secretario xeral "utiliza el coche oficial para ir al gimnasio" mientras que a "directores xerales que residen a varias calles de San Caetano" los están recogiendo en sus domicilios

La junta de personal de los Servicios Centrales de la Xunta ha denunciado este jueves "usos irregulares de vehículos oficiales para uso propio", lo que "contradice" las instrucciones de funcionamiento vigentes. Esta situación, según explica a través de un comunicado de prensa, ya ha sido puesta en conocimiento de la Administración gallega.

De esta manera, la junta de personal explica que un secretario xeral "utiliza el coche oficial para ir al gimnasio" mientras que a "directores xerales que residen a varias calles de San Caetano" los están recogiendo en sus domicilios "para ir a trabajar en coche oficial".Con respecto a los coches propiedad de la Xunta, la junta de persona dice "tener constancia de que hay jefes de servicio que los utilizan para trasladarse desde A Coruña, donde residen, hasta Compostela, donde trabajan". Además, afirma que "vehículos sin rotular se utilizan para llevar niños a la escuela y otros rotulados están aparcados dentro de garajes particulares e incluso hay un vehículo de la Consellería de Medio Ambiente al que se le engancha un remolque cargado de leña o hierba para uso particular".

"El descaro llega hasta tal punto, que el propio responsable del parque móvil fue visto llegar en coche oficial con chófer al recinto de San Caetano", denuncia la junta de personal en su comunicado. Los datos concretos, con nombres y apellidos y matrícula de vehículos están en manos de la Administración.

Además, la junta de personal explica que desde el mismo día que se presentó el escrito, "ya hubo un chófer de un alto cargo que recibió la orden de dejar de trasladar al directivo a su domicilio". "Esperemos que éste sea el camino a seguir por parte de la Xunta de Galicia", desea este colectivo.Por otro lado, la junta de personal se manifiesta en contra de que la Xunta "siga financiando" con cargo al presupuesto público el traslado entre sus puestos de trabajo y sus domicilios a los altos cargos que viven fuera del Ayuntamiento de Santiago, aunque lo hagan compartiendo coche.

"Entendemos que si el argumento de la situación económica vale para que la Xunta de Galicia suprima derechos laborales consolidados de los empleados públicos, debe valer en mayor medida para suprimir el transporte gratuito para los altos cargos fuera de las encomiendas derivadas de sus funciones", señala en el comunicado.De lo contrario, señala, "se está creando un agravio comparativo en el que, contradictoriamente, las personas que más recursos tienen son las que menos se ven afectadas por la política de recortes", manteniendo sus "privilegios", como es el "transporte gratuito y discrecional para asuntos particulares en coche de alta gama".

El pasado mes de diciembre, el Consello de la Xunta aprobó que sólo el presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, sus conselleiros y los cinco delegados territoriales de la Xunta --un total de 16 cargos autonómicos-- tendrían derecho al uso exclusivo de vehículo oficial y chófer, mientras que el 90 por ciento restante de altos cargos únicamente podrían utilizar los coches cuando lo requiriesen, previa petición al servicio de incidencias del parque móvil.

Esta decisión afectó al 90 por ciento de los 160 altos cargos que, hasta ese momento, tenían asignado coche y chófer. Además, conforme a esta decisión, los altos cargos que residen en la capital gallega --aproximadamente el 30 por ciento del total-- también perdieron el derecho a utilizar el servicio de recogida del que disponían hasta el momento; mientras que los que viven fuera de Santiago, un total de 55, tienen un servicio compartido de traslado a su puesto de trabajo al inicio y al fin de su jornada, con "una media de tres altos cargos por vehículo".

La Xunta ha emitido un comunicado en el que reitera que fue el primer gobierno en racionalizar el parque móvil y que lleva ahorrados cerca de 3,3 millones de euros. En el texto no niega en ningún momento las acusaciones de los sindicatos y recuerda que los vehículos oficiales siguen a disposición de los funcionarios y de los altos cargos para cubrir "las necesidades de servicio y su labor diaria".