Fabra busca ahuyentar el riesgo de intervención

El presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, no lo tuvo ayer fácil. El plan de pago a proveedores arbitrado por el Ministerio de Hacienda puso de manifiesto que la Comunidad Valenciana es, con mucha diferencia, la autonomía que más deudas acumula por este concepto. El dato hizo planear de nuevo el fantasma de una posible intervención gubernamental que el jefe del Consell intentó ahuyentar.

 La Generalitat ha solicitado créditos por importe de 4.069 millones de euros. Un dinero con el que pretende pagar más de medio millón de facturas pendientes con 10.050 proveedores que no cobran, en algunos casos, desde hace tres años. Una cantidad que representa un 23,6% del dinero solicitado por todas las autonomías al Gobierno y que casi duplica la cantidad de Andalucía, la autonomía que según los populares escondía en sus cajones cantidades ingentes de facturas impagadas.

“No nos ha importado decir que tenemos todas esas facturas pendientes”, se justificó Fabra, “Me imagino que habrá otras comunidades que, a lo mejor, no lo hayan hecho”.

“Estoy convencido de que otros no habrán puesto encima de la mesa todo lo que tienen [de deudas], pero allá ellos”, espetó el presidente de la Generalitat sin aclarar si estaba refiriéndose a Andalucía.

Fabra intentó convencer de que la situación del Gobierno valenciano no se diferencia en esencia de la de buena parte de autonomías españolas. Es decir, que si hay que intervenir, el Gobierno tendrá que intervenir no una sino la práctica totalidad de las Administraciones autonómicas.

“Lo que han hecho las comunidades autónomas es comprometerse con el Gobierno a alcanzar unos niveles de déficit que las hagan creíbles de cara al resto de países de la Unión Europea”, continuó el presidente, “Y nosotros lo vamos a hacer, pero al final el mal, vistas las declaraciones de otros presidentes autonómicos, está generalizado”.

“Nosotros hemos sido muy transparentes porque creo que es fundamental que el Gobierno conozca la realidad para que sepa los problemas y, conjuntamente, podamos trabajar en la búsqueda de soluciones y garantizar ese nivel de déficit”, remachó Fabra.

Ante la insistencia de los periodistas en saber por qué el Consell ha acumulado una deuda mayúscula, a Fabra no le quedó más remedio que responsabilizar a los socialistas. “La Comunidad Valenciana también tiene el dudoso honor de haber sido una de las peor financiadas por el Gobierno”, replicó.

La magnitud de la deuda del Consell con los proveedores provocó la reacción de la oposición.

El portavoz de la ejecutiva del PSPV, Francesc Romeu, aseguró que los 4.069 millones de euros solicitados por el Consell al Ministerio de Hacienda “demuestran la gestión catastrófica del PP, su ineficacia e incompetencia, sus permanentes mentiras y la incapacidad demostrada de este Gobierno para seguir al frente de la Generalitat”.

“Una vez más nos sonrojan ante el resto de España, puesto que prácticamente doblamos la deuda de otras autonomías como Cataluña o Andalucía”.

La diputada de Compromís Mireia Mollà explicó que la cifra de los 4.069 millones de euros “evidencia la situación de emergencia económica sin precedentes que sufre la Generalitat valenciana por la nefasta gestión de los Gobiernos del Partido Popular”.

“Esta situación no es consecuencia directa de la crisis económica”, continuó Mollà, “puesto que muchas de estas facturas son de 2008 y 2009, lo cual indica que el Gobierno valenciano se ha dedicado a hacer un derroche de recursos acompañado de las corruptelas que todos conocemos”. El anuncio de que la Generalitat ha encarrilado el pago de las deudas a los proveedores provocó las quejas de distintos colectivos angustiados por el retraso en el pago de las subvenciones y los conciertos comprometidos por el Consell.